Diputados: un lustro sin tratar la seguridad privada

El actual período parlamentario terminará nuevamente sin que la Cámara de Diputados haya podido avanzar en la reglamentación de la prestación de vigilancia privada, que está en discusión desde hace más de un lustro.

La diferencia de criterios sobre los alcances de la norma y la merma de legisladores que concurren a la Cámara a pocos días que se produzca la renovación de la mitad del cuerpo conspiraron definitivamente para que el asunto no supere los desacuerdos que genera.

En las últimas semanas hubo tres intentos para reunir en un plenario las comisiones de Seguridad Privada, que preside Francisco Dellepiane (FRE.PO.BO) y de Legislación General, a cargo de Ana María Monayar (FPV- Córdoba), que fracasaron por falta de número.

Uno de los proyectos de ley que están en discusión pertenece al diputado Luis Cigogna (FPV- Buenos Aires), quien lo presentó por primera vez en 2002 y lo viene renovando hasta el presente cada vez que caducan sus tiempos parlamentarios.

El diputado explicó que las discrepancias se vinculan especialmente con el ámbito de aplicación que tendría la norma. Hasta ahora hay provincias –como Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires– que dictaron sus propias regulaciones para la actividad, pero hay quienes insisten en que es necesario dictar una legislación de fondo.

Cigogna considera que el régimen para la seguridad privada tiene que ser aplicable a todo el territorio nacional porque se trata de una actividad comercial lucrativa lícita que puede encuadrarse en la ley de sociedades del Código de Comercio.

Así, la norma serviría de marco para todo el país con presupuestos mínimos para el funcionamiento de la seguridad privada sin perjuicio de que las provincias adopten medidas complementarias.

En cambio, otras iniciativas entienden que se trata de una prestación que es prolongación de las policías locales y, por lo tanto, la aplicación de la norma quedaría sujeta a la adhesión de los estados provinciales.

Como requisitos, el proyecto de Cigogna indica que los prestadores de seguridad privada, incluidos administradores y gerentes, tendrán que acreditar al menos dos años de residencia inmediata en el país, no encontrarse procesados o haber sido condenados por delito doloso ni registrar antecedentes por violación de los derechos humanos.

Tampoco los que trabajen en el sector podrán hallarse inhabilitados civil ni comercialmente ni estar en actividad en alguna fuerza armada, de seguridad, policial, organismos de información e inteligencia o de los servicios penitenciarios.

A su vez, un proyecto de ley impulsado por Silvina Giudici (UCR) y Delia Bisutti (ARI) estipula una serie de prohibiciones para los prestadores de seguridad privada, como la de intervenir en conflictos de carácter político o hacer investigaciones que tengan por objeto cuestiones de origen étnico, de salud, orientación sexual u opiniones políticas, sindicales o religiosas.

Por su parte, la diputada Nora César (FPV- Buenos Aires) propuso exigir que para ser vigilador privado se cuente con estudios secundarios completos, un requisito que no figura en otros proyectos presentados.

Es difícil que en lo que resta del año el proyecto pueda avanzar aunque, seguramente, seguirá en el temario de las comisiones hasta que haya real voluntad política de unificar criterios para que pueda prosperar en el recinto.