Mientras todavía se discute si la prohibición del rubro 59 es una medida solapada contra los medios de comunicación o realmente apunta a terminar con la trata de personas, son varias las voces que se pronuncian a favor del decreto promulgado ayer, aunque remarcan la necesidad de contar con más recursos y alternativas para enfrentar la explotación sexual.
Para la jueza de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay las instituciones están frente al "momento de dar el empujón más grande al respeto del derecho de las mujeres". No obstante, reconoció que la pelea es, de momento, endeble.
"Observamos que nos falta la otra pata: la del Poder Ejecutivo", dijo la ministra de la Corte, aunque señaló que trabaja "en la posibilidad de firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación" para capacitar a su personal en el combate de la trata.
Argibay consideró la necesidad de "revertir" en la sociedad "el mito de las necesidades masculinas, que parecen ser irrefrenables, porque se les ha puesto la característica de instinto". "Es otra manifestación del desprecio hacia las mujeres, y es por eso que los hombres se creen con derecho a utilizarlas, explotarlas, comprarlas, venderlas y más", sostuvo la jurista.
Argibay expresó que quizá porque la sociedad desconoce "qué es la esclavitud sexual", es que "se escandaliza y reacciona más con la esclavitud laboral".
Si bien Argibay no hizo una alusión directa a la prohibición del rubro 59, decretada por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sus declaraciones dejan entrever la postura de la Justicia respecto a la lucha contra la trata de personas, en particular para su explotación sexual.
Durante el anuncio del decreto presidencial, la mandataria remarcó que la medida "es un gigantesco paso en la defensa de las mujeres", aunque las publicaciones de este tipo avisos también abarca, aunque en menor medida, a los varones.
No obstante, la presidenta enfatizó que la norma "no es una condena a las mujeres". "Jamás vamos a condenar a una mujer, porque en la mayoría de los casos nadie elige la vida que tiene", expresó.
Esa misma diferencia, entre elección y obligación, es el argumento esencial de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) para alertar sobre las consecuencias secundarias de la medida. Para la entidad, el decreto "sólo logra criminalizar la actividad".
El Gobierno nacional "no debe dejarse llevar por supuestas soluciones mágicas", debido a que la trata de personas "es un tema profundo y complejo", señaló la asociación a través de un comunicado. La AMMAR "camina desde hace quince años toda la Argentina" y las mujeres agrupadas en la Asociación no son "tratadas", "obligadas" ni "secuestradas", advirtió.
"No nos sentimos más víctimas que cualquier otro trabajador o trabajadora de la clase obrera a quienes no se les respetan ni garantizan sus derechos laborales", agregó la AMMAR.
"No desconocemos que detrás de muchas de las publicidades se esconden casos de trata. Pero no podemos dejar de decir que muchas otras vienen de una fuente de trabajo legítima como es la nuestra", sostuvo la Asociación.
"Es sólo a través de la regulación del trabajo sexual que se podrá iniciar una lucha conjunta que permita dar batalla a las grandes mafias (de trata de personas) instaladas en nuestro país", expresó AMMAR.
