El Gobierno Nacional ofreció esta tarde una recompensa de 100 mil pesos a aquellas personas que aporten datos que permitan lograr la captura del condenado por violación de chicos discapacitados Mario Rubén Ochoa. La resolución fue firmada por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y distribuida hace minutos a la prensa en la Casa Rosada.
Mientras continúa en forma intensa la búsqueda de Ochoa -el chofer condenado a 16 años de cárcel por violar a chicos discapacitados que se fugó-, los familires de las víctimas se hicieron presentes en Tribunal Oral 2de San Isidro, donde confirmaron que pedirán "juicio político" para los magistrados que concedieron prisión domiciliaria al abusador.
"Son los responsables de que un violador como Ochoa siga libre y los que deberían pagar esos 100.000 pesos para capturarlo", señaló Juana Domínguez, madre de una de las víctimas.
Ayer, la Sala III del Tribunal de Casación Penal, integrada por Víctor Violini y Carlos Borinsky, ordenó a la policía bonaerense detener a Ochoa, al hacer lugar a un planteo que el fiscal Julio Novo presentó en 2006 contra la excarcelación del chofer, procesado desde 2002.
La orden de la Justicia concluyó con un operativo policial, que se frustró al llegar a la casa de Ochoa, en la ciudad bonaerense de Tigre, y constantar que se había fugado.
Domínguez expresó "su decepción, al comprobar que todos los esfuerzos para conseguir justicia tienen como límite la inoperancia y la falta de sentido común".
"Estuvimos todo este tiempo siguiendo de cerca los pasos de los jueces para evitar que ocurriera lo que finalmente ocurrió; después de probado el delito, el violador siguió en libertad y hoy no lo pueden encontrar", se lamentó otra madre, Elvira Leiva.
Ochoa fue condenado en julio último por un tribunal de primera instancia pero permaneció en libertad a la espera de que la sentencia quedara firme.
La sentencia que dispuso ese tribunal sólo obligaba a Ochoa a presentarse cada 15 días en los Tribunales y lo restringía para trabajar con menores y grupos vulnerables, por lo que no estaba en "libertad vigilada", como publicaron algunos medios.
"No tenía régimen de libertad vigilada, estaba en libertad y por eso se escapó", dijo Leiva, visiblemente angustiada, en la puerta del edificio de Ituzaingó 340, en San Isidro.
Los padres se presentaron en ese tribunal para pedir a los jueces Herbel, Vazquez y Borrino, a cargo de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, que se expidan respecto de la sentencia que dispuso 16 años de prisión para Ochoa, aunque quedó en libertad.
Durante la espera, uno de los abogados del chofer condenado, de apellido Sánchez, intentó salir del edificio, para lo que había solicitado custodia policial, pero los padres lo descubrieron y lo increparon.
"Lo consideramos a él y a Rubén Jones -los abogados de Ochoa- responsables de que esté en libertad y prófugo de la Justicia, el hombre que violó a nuestro hijos", gritó uno de los padres durante el incidente.
El momento de mayor tensión y angustia se vivió cuando los padres dieron vuelta a la manzana corriendo para llegar al portón de la playa de estacionamiento, por donde pretendía salir en su automóvil el abogado de Ochoa.
Los gritos y sollozos de los padres obligaron al personal de seguridad de ese sector a cerrar la cochera y el letrado no pudo traspasar la puerta en ese momento.
Más tarde, el juez Borrino, de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, ordenó a personal policial desalojar del piso 11 a los padres que esperaban una respuesta del tribunal.
"Mañana elevaremos una denuncia al presidente de la Cámara de Apelaciones, el doctor (Luis Cayetano) Cayuela, por el maltrato que recibimos por parte de los jueces del tribunal, que hace una semana debían expedirse y aún no lo hicieron", dijo Leiva.
Por la mañana, los padres aseguraron que "a los primeros jueces, que dejaron en libertad a Ochoa, el sillón les queda sumamente grande. Ocupan un puesto que no tiene que ocupar. Los padres vamos a pedir juicio político" haciendo alusión a los jueces Marisa Moris y Luis Oscar Zapata.
" Nadie nos dijo que viniésemos, somos los papás que estamos golpeando puertas. No sabemos si vamos a ser recibidos", había dicho la madre de una de las víctimas respecto a la posibilidad de ser recibidos por los jueces.
"Vamos a ver si tienen la cara para atendernos", insistió por su parte un padre de uno de los chicos abusados.
El hombre, señaló que Ochoa "puede estar en casa del vecino, de su abogado, fuera del país", para luego pedir que " que todos los patrulleros lleven la foto de él para encontrarlo".
Sorpresa desagradable. Luego de una ardua polémica, la Justicia revocó el beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba Ochoa. Ayer por la tarde, cuando los efectivos fueron hasta dos domicilios donde supuestamente se encontraría, uno en Beccar y otro en Tigre, constataron que ya se había escapado.
El Ministerio de Seguridad bonaerense giró el oficio de la orden de detención que le remitió la Justicia a la Jefatura Departamental Conurbano Norte. El titular de esa dependencia también estaba enterado por la prensa y pese a la celeridad para cumplir con el procedimiento no pudo hallar a Ochoa.
Los efectivos habían llegado al lugar en cumplimiento de un fallo dictado por los jueces de la Sala III del Tribunal de Casación platense, Víctor Violini y Ricardo Borinsky, que revocaron el arresto domiciliario con el que había sido beneficiado Ochoa y ordenaron su arresto.
No lo pueden creer. La familia de Mario Ochoa recibió a periodistas de los canales de televisión en el domicilio de la localidad de Tigre en donde viven, pero no permitieron el ingreso de cámaras. La esposa del prófugo dijo que " si supiera que mi marido es un violador, lo tendría que matar", para recalcar en varias oportunidades que cree en la inocencia del hombre.
"No puedo creer. A esta altura del partido, que digan lo que quieran. ¿Qué te puede decir?", señaló la mujer cuando le preguntaron por qué su marido recibió tantas acusaciones. " Los chicos venían a casa, todos juntos. Esto me llama la atención", indicó.
"No se donde está", dijo la mujer sobre el paradero de Ochoa.
Por su parte, la hija del hombre detalló que "lo denunciaron un 26 de septiembre y habían estado el 21 de septiembre en mi casa".
La joven dijo que cada vez que piensa en el tema, le "agarran ataques de nervios" y que está "hecha bolsa". "No entiendo porque pasa todo esto", dijo angustiada. Y aseguró: "Estoy con él, creo en su inocencia".
Abuso sexual calificado. El 20 de julio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro, integrado por Luis Oscar Zapata, Clarisa Moris y Ariel Introzzi Troglia, había condenado a 16 años de prisión a Ochoa al encontrarlo culpable de los delitos de "abuso sexual calificado" y abuso con penetración, pero absuelto por corrupción de menores.
El tribunal lo responsabilizó por violar a cinco adolescentes de entre 16 y 18 años, a los que trasladaba a las escuelas 501 y 503 de San Fernando y al Centro de Formación Laboral de Vicente López, donde cursaban clases. Tanto el fiscal del juicio, Fabián Brain, como la abogada de la querella, Silvia Weksel, habían reclamado 30 años de cárcel para el acusado.
Al dar a conocer el fallo el tribunal le concedió el arresto domiciliario hasta que quede firme la sentencia, hecho que generó la reacción de los padres de las víctimas, quienes instalaron una carpa en los tribunales de San Isidro para reclamar que se revoque la medida.
Incluso fueron recibidos por el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien los respaldó en su reclamo. El caso comenzó a desentrañarse alrededor de 2002, cuando una de las víctimas le contó a su madre del abuso y se inició la denuncia, a la que se le sumaron otras por hechos aberrantes cometidos en perjuicio de 13 menores.
Fuente: DyN y Télam
