La ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley, ratificó hoy que la Ciudad jamás "prometió" construir viviendas en el predio de Villa Lugano, que continúa ocupado por varias familias, y señaló que el macrismo cumplió con la orden judicial de presentar un plan de "descontaminación del suelo y urbanización". La funcionaria enfatizó, además, que "la posición del Gobierno es clara: podemos entender la necesidad, pero no hay posibilidad de que nosotros negociemos con gente que está usurpando y está cometiendo un delito".
En declaraciones a la prensa, Stanley reiteró que "no hubo promesa de vivienda" de parte de la administración macrista para los ocupantes de ese predio.
"Lo que el juez (Gabriel Vega) nos pidió es que participáramos de la instancia en que se censaba la gente, ésta salía del predio, y ellos (por el juzgado) iban a evaluar y merituar la situación de cada una de estas familias", afirmó la funcionaria porteña.
Vega, jueza penal y contravencional de la Ciudad, acordó anoche con los delegados de las familias que tomaron el terreno en Villa Lugano, el desalojo del lugar en las primeras horas de hoy. Sin embargo, como muchas personas se negaron a abandonar la zona, el censo se inició con los ocupantes allí y finalizó este mediodía.
En sus declaraciones periodísticas, la ministra Stanley insistió en señalar que desde la administración de Mauricio Macri "no hubo ofrecimiento de viviendas" para esas familias.
"Hay una presentación del gobierno en el juzgado que estaba llevando la situación del terreno (a cargo de Elena Liberatori) para, primero, descontaminar el predio y luego un plan de urbanización tal como estaba fijado en la ley", manifestó.
"En el juzgado de la doctora Liberatori, histórica de este predio, hay un plan de remediación del suelo Y de viviendas a futuro. No hay un compromiso en particular con esta gente", apuntó la funcionaria, al tiempo que aclaró que tampoco fue la Ciudad la que propuso realizar el censo.
"Fue una disposición del juez (Vega) que determinó que las personas sean censadas para que sea la misma Justicia la que establezca cuál es la necesidad de cada una de estas familias y, en función de eso, poder trabajar", señaló.
Audiencia. Mientras tanto, Vega convocó a una nueva audiencia en la sede de su juzgado, para intentar destrabar el conflicto originado en la toma de un predio de siete hectáreas por al menos 900 familias. Sin acuerdo posible, los ocupantes ratificaron que continuarán con la toma.
Según apuntó la agencia Télam, al encuentro asistieron abogados defensores de los vecinos, funcionarios del gobierno porteño, fiscales, la Asesoría Tutelar de Menores, la Defensoría del Pueblo de la Nación y legisladores, pero no los delegados de los ocupantes.
