La violencia contra los profesionales de la salud no es un hecho exclusivo de Argentina o de América latina. España es, dentro de la Comunidad Europea, uno de los países con más alto registro de agresiones; por eso están trabajando en la toma de medidas específicas para frenar estos episodios.
Algunos colegios médicos españoles han llegado a contratar una póliza de seguros para cubrir los gastos de reclamos de los profesionales que sufren hechos de violencia en su trabajo. El contrato cubre demandas en caso de lesiones físicas y materiales del médico –incluyendo su vehículo, reclamos por daños inmateriales producto de las agresiones verbales, gastos para investigar a los agresores y hasta la cobertura del juicio que pueden iniciar los familiares en caso de la muerte del médico en circunstancias de violencia.
También se han tomado medidas en el propio ámbito hospitalario. La mayoría de las instituciones de la salud llevan un registro de agresiones, y desde 2002 se colgaron carteles en las salas de espera y atención primaria en los que se advierte que en caso de producirse una agresión se interpondrá la denuncia correspondiente.
Desde el punto de vista legal se comienzan a implementar medidas más drásticas. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña José María Mena, ordenó a todos los miembros de su departamento condenar por atentado contra un funcionario público a toda persona que agreda a un maestro o un médico. Este delito tiene penas de uno hasta tres años de prisión. Esta medida podría extenderse a toda España.
