“La decisión de la Corte nos puso contentas, fue la sensación de una batalla ganada después de siete años”, dice María Alaniz, una de las dos madres que en 2010, junto a un grupo de otros ocho padres, iniciaron una medida de amparo contra el Estado provincial, para garantizar la laicidad en la educación de sus hijos y denunciar la discriminación sufrida en las escuelas públicas desde que en 2009 se incluyó la educación religiosa en la currícula escolar.
Madre de dos hijos –la mayor ya egresó; entonces estaba en sexto grado–, Alaniz fue, junto a Alejandra Glik, la cara visible del reclamo judicial (del que también fue parte la Asociación por los Derechos Civiles, ADC), que llegó hasta la Corte Suprema, que luego de varios meses de audiencias, donde se expusieron argumentos a favor y en contra, determinó que la provincia no podrá dictar más educación religiosa en horario escolar, ni incluirla en las currículas de las escuelas públicas.
“Estamos contentas con este fallo. No sabíamos qué iba a pasar, más allá de que uno piensa que por lo que lucha es lo que corresponde. Ahora los padres vamos a estar atentos para que esto se cumpla, porque no sabemos qué organismo va a controlar aún”, dice Alaniz a PERFIL desde Salta. Junto a Glik, viajó a Buenos Aires para estar en las dos últimas audiencias, y recibieron el fallo de la Corte en su provincia, donde, dicen, la reacción de muchos padres fue positiva.
“Muchos que no llevaron adelante el amparo nos apoyaron igual porque entienden que la religión pasa por lo privado. En las audiencias se dijo que en la escuela se veían valores de todas las religiones, que se proponen, pero no es así, solo se daba catecismo con docentes formados en el instituto del Arzobispado de Salta. Creo que los argumentos expuestos a favor de la laicidad fueron mucho más fuertes”, agrega.
Para Nélida Gaspar, abogada de ambas madres, el fallo de la Corte Suprema confirmó lo que buscaron cuando iniciaron la acción de amparo en 2010: se entendió que en las escuelas se daban situaciones de discriminación; y por eso se deja sin efecto la obligatoriedad en horario escolar. “Estamos conformes”, dice.
Alaniz ejemplifica algunas de las situaciones que vivió con sus hijos, que son, dice, representativas de muchas historias más. “Nosotros elegimos que nuestros hijos no hagan educación religiosa, pero a mi hijo le hacían leer las oraciones en primer grado, desautorizando lo que habíamos decidido; y otra vez me dijeron que mi hija no iba a pasar de grado si no tenía todas las materias. Le faltaba religión y le querían tomar un examen de valores”, cuenta. “El tema de la discriminación es algo constante, porque si vos a un chico lo separás del grupo solo porque sus padres tienen una visión diferente, en vez de protegerlo hacés lo contrario”, agrega.
Tras conocerse el fallo, el gobernador Juan Manuel Urtubey envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para adecuarse a la resolución. Por eso, la preocupación ahora pasa por qué organismo quedará a cargo de controlar que se cumpla lo resuelto.
