La idea es dejar sin efecto la obligación de los médicos de hospitales públicos y privados de denunciar abortos clandestinos.
La diputada Marisol Codina, del partido vecinalista Provech, asegura que la iniciativa tiene el objetivo de evitar más muertes de mujeres que se realizan un aborto clandestino y por las complicaciones sufridas debe hospitalizarse.
Codina sostiene que “el médico que interviene se encuentra ante un dilema, ya que si opta por cumplir con efectuar la denuncia, puede ser castigado por el delito de violación de secreto profesional y, si omite denunciar puede ser castigado por violación del Artículo Nº 262 del Código Procesal Penal, siempre teniendo en claro que el aborto es un delito».
“Y esto sólo del lado del médico, pues una disyuntiva aún peor quedará para la persona que cometió el ilícito -quién abortó-, pues discurrirá entre recibir asistencia médica e ir a la cárcel o la muerte casi segura”, agrega la diputada según reproduce el diario El Chubut.
El proyecto aporta algunos datos estremecedores. Afirma que uno de cada tres abortos clandestinos debe ser hospitalizado, y las complicaciones del aborto constituyen la primera causa de internación de mujeres en los hospitales públicos. Además, se sostiene que el aborto ocupa el primer lugar entre las causas de muerte materna, y se estima que cada año mueren en el país alrededor de 500 mujeres y otras 15000 quedan afectadas en su estado de salud por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio.
El final del proyecto e ley indica: “Quienes tenemos la obligación de legislar, debemos hacerlo a favor de la vida, trabajando por ello, poniendo todo nuestro empeño y garantizando igualdad de condiciones. Cuando un aborto es practicado, el mal está hecho, debemos, por lo tanto, velar por la vida, garantizando la asistencia de la abortista”.
