Dos denuncias por supuesto abuso sexual volvieron a poner esta semana la falta de controles en los jardines de infantes en debate. En lo que va del año ya son seis los casos de accidentes fatales, maltrato y violencia que se hicieron públicos. Los padres denunciantes se quejan de que en la mayoría de los casos las docentes cuestionadas sigan trabajando con niños.
El jueves se conoció la denuncia que hicieron hace un mes dos madres contra siete docentes del colegio Athos Palma de Belgrano, por un supuesto abuso sexual hacia dos menores. “Mi hija dijo que la desnudaban para sacarle fotos, que la tocaban y que la lastimaban”, dice Valeria Gómez. La otra madre, Yesenia Manzuelos, señala a dos maestras y al celador y agrega “mi hija dijo que le dolía entre las piernas y cuando la revisé me contó”. El jueves, frente al colegio, las denunciantes se cruzaron con un grupo de padres que descree de la acusación y defiende al jardín. Ayer les realizaron las pericias médicas y el jueves se hará una Cámara Gesell.
Esta misma semana, en Florencio Varela, tres padres denunciaron a una maestra suplente del jardín Gauchos Argentinos que incitaba a chicos de dos y tres años a participar de juegos sexuales. “La maestra los sentaba con las piernas abiertas y se refregaban los genitales, el juego se llamaba mostrar el pitulín”, cuenta Susana Crespo, abuela de uno de los nenes afectados. La docente fue detenida y liberada en menos de 24 horas por falta de pruebas. Los chicos serán sometidos a una Cámara Gesell.
A comienzos de esta semana otra tragedia ocurrió en un jardín de Arroyito, Córdoba. Alejo Arellano (4) murió aplastado por una bobina de papel que se usaba para empapelar las mesas. “Una semana antes le comenté a una maestra que la bobina era riesgosa porque pesa unos 150 kilos”, dice Eduardo Smit, padre de un compañero de Alejo. Por el momento, la familia no inició acciones legales, y la maestra y la directora del jardín solicitaron licencia psiquiátrica tras una crisis de nervios.
En el barrio porteño de Belgrano, Candela (2) sufrió hace un mes doble fractura de cráneo y parálisis facial luego de que un mueble le cayera encima cuando dormía en la salita del jardín Juana Manso. “Es como si no hubiera pasado nada. La celadora y la maestra siguen trabajando y nadie se hace cargo”, cuenta su mamá, Romina Gonzalez, que inició una demanda civil y penal contra la institución.
Hace casi diez días, tres padres denunciaron al jardín Piruetas de La Pampa por supuestos maltratos a sus hijos. El Ministerio de Educación abrió un sumario administrativo, pero el establecimiento sigue funcionando. También declaró una ex docente que habría alertado sobre el maltrato. “Queremos que se esclarezca lo que pasó”, dice Mariela Lardone, que advirtió que a su hija la encerraban en una habitación porque lloraba mucho.
Este caso se sumó al de Tribilín, en San Isidro, cuando una veintena de padres denunciaron maltrato hacia sus hijos, tras revelar una grabación donde se escuchaba cómo las maestras les gritan e insultan. A dos meses, el lugar, que no contaba con habilitación, permanece cerrado pero no hay más novedades de la causa. “Declararon los chicos que hablaban o presentaban algún síntoma, y nos enteramos que iban a hacerles pericias a las maestras que aparecían en el audio”, cuenta Cecilia Insúa, quien junto a su marido Diego Hernayes colocaron un ipod en la mochila de su hija, alertados por supuestos maltratos. Ahora esperan que las maestras tengan algún tipo de pena y, sobre todo, que no vuelvan a trabajar en ningún jardín.
Los abogados explican que la pena varía de acuerdo al delito. “Si se prueba que hubo abuso o corrupción de menores, las penas no son menores a ocho años. Ante los casos de maltrato, para que sea penal, debería probarse un daño psicológico; sino corresponde a una esfera civil”, explica el abogado Juan Pablo Gallego. En el caso de una demanda civil, los padres podrían hacer un reclamo de índole económico. Sin una sanción penal, nada les impediría a las denunciadas seguir trabajando con chicos.
El pedido de una ley nacional
Con deseos de doblegar el dolor, un grupo de padres, que perdieron a sus hijos por culpa del abandono en los jardines y guarderías, armaron un proyecto de ley para evitar nuevas víctimas. Proponen una ley nacional que obligue a que todo el personal docente cuente con título profesional y certificados de aptitud física y psicológica. Además solicitan que se incluya en la carrera docente el curso de primeros auxilios y que el organismo que habilitó al jardín a funcionar lo controle regularmente y que se establezca un código de falta para registrar los actos indebidos de los maestros y poder anular su función para que no tengan contacto con menores nuevamente. Los impulsores del proyecto son César Llados y su esposa Natalia, quienes sufren la pérdida de su beba Camila, quien falleció ahogada en su propio vómito en la guardería Amancay, en San Martín. “Una vez que termina el proceso legal siguen trabajando como docentes y son un peligro”, dice César a PERFIL.
