El lunes pasado, la Auditoría General de la Ciudad (AGC) comenzó a elaborar un informe sobre 23 de las concesiones que entregó la Ciudad al sector privado y que son, según el organismo, las que generan más polémica.
Entre ellas, la del Buenos Aires Design, cuyo canon de alquiler está por debajo de su valor real; otros que operan con concesiones vencidas o con prórrogas que se renuevan sin la revisión adecuada, como el servicio de grúas. El análisis abarcará el período que va desde el otorgamiento de la concesión hasta el año pasado, y se estima que estará listo para fin de año.
Se trata de uno de los temas que más irrita al Ejecutivo porteño. Será un estudio donde se analizarán tanto los aspectos financieros y técnicos como legales de esos contratos que se generaron desde las oficinas de la Dirección General de Administración Concesiones de la Ciudad, que depende del Ministerio de Modernización que dirige Andy Freire.
“Las concesiones que estamos auditando se entregaron a grandes grupos empresariales que consiguen contratos muy ventajosos para sus intereses privados en desmedro de las intereses del conjunto de los porteños. Estamos hablando de grandes negocios, en los que se recaudan millones de pesos”, afirmó de manera contundente Cecilia Segura, titular de la Auditoría. “Después de años de pelear contra el sistemático bloqueo del macrismo, finalmente conseguimos trabajar sobre las concesiones más polémicas de la Ciudad”, agregó la funcionaria.
El listado de lugares a revisar incluye, además, el sistema de grúas de tránsito, BRD y Dakota; diferentes estacionamientos subterráneos; el uso de bajo autopistas; el golf de Villa Lugano, y hasta el bar del Centro Metropolitano de Diseño (CMD) en Barracas.
Desde la Dirección de Concesiones porteña aseguran que “los pliegos de bases y concesiones de los procesos licitatorios mencionados cuentan con mecanismos de ajuste que permiten que el canon locativo mensual se mantenga actualizado. Presentan alguna situación particular aquellas Concesiones cuyos Contratos fueron suscriptos en la década del 90”, explican.
Las razones. Si bien todos los años la AGC realiza informes sobre algunas concesiones, la necesidad de este estudio particular se generó a partir de la tragedia de Time Warp, cuando esa oficina de contralor auditó a Costa Salguero, que ahora también cae bajo la lupa. Al momento de presentar su plan anual de informes, la Auditoría decidió incluir a la Dirección de Concesiones porteña, propuesta que fue aprobada en la Legislatura de la Ciudad.
El primero fue el shopping de Recoleta. Desde que el lugar quedó en manos de IRSA, en 1993, el lugar fue señalado por el bajo canon que pagaba. Si bien ahora paga unos $ 286 mil mensuales por el alquiler de los 62 locales comerciales y 174 cocheras, durante 2016 habría cobrado $ 414 millones sólo por rentar esos espacios, según adelantó en su momento Chequeado.com.
“Además del canon, hay que tener en cuenta cómo influyen las concesiones con la planificación urbana, que en varios casos van en contra de lo que dispuso la Legislatura, como las concesiones de Costanera Norte, que tiene una base ilegal ya que deberían ser espacios verdes, de libre acceso al público”, señaló por su parte Jonatan Baldiviezo, director del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Cuestionan estacionamientos de Plaza Houssay
Otra de las licitaciones que están bajo la lupa y cuyo análisis impulsa la oposición es la de Plaza Houssay, un proyecto del gobierno porteño que incluye dos plantas de estacionamiento subterráneas. Según pudo averiguar PERFIL, la concesión fue adjudicada a Lamp Investments por un canon de $ 400 mil, a pesar de que el informe técnico elaborado por la Dirección General de Bienes preveía un valor de $ 700 mil. El proyecto que se planea realizar en el subsuelo prevé una inversión total de casi $ 76.700.000 por lo que la adjudicataria deberá llevar adelante una obra que se extenderá por 18 meses. En este período, la firma abonará sólo el 60% del canon acordado y podrá explotar el nivel destinado a estacionamiento. “El Ejecutivo desnaturalizó una ley que buscaba favorecer a los 180 mil estudiantes que transitan por esa plaza, con un pliego hecho a medida”, denunció ante la Legislatura la diputada Andrea Conde (FpV).
