El caso Schoklender, con dos nuevos imputados y de nuevo bajo secreto de sumario. El juez federal Norberto Oyarbide acaba de decidirlo y la medida estará vigente hasta después de las elecciones presidenciales del próximo 23 de octubre.
Según informó la agencia DyN, la decisión fue tomada porque la causa sumó dos nuevos imputados que estarían vinculados al supuesto desvío de los fondos públicos que el Gobierno envió a las Madres para la construcción de viviendas sociales, señalaron fuentes judiciales.
Así, el magistrado reimplantó el secreto de sumario -estado en el que el expediente se encuentra desde su inicio- por otros 10 días hábiles, medida que se extenderá hasta el miércoles 26 de octubre, tres días después de las elecciones generales.
Schoklender viene reclamando que se levante el secreto para poder acceder a las pruebas en su contra y ser indagado antes de los comicios, marco en el cual acusó a Oyarbide de politizar la causa.
Los nuevos imputados. El expediente sumó dos nuevos imputados, cuyas identidades no trascendieron, que estarían vinculados a la "ruta del dinero", dijeron los voceros.
Uno pertenece a la financiera Crédito Sur -compañía que había sido allanada en la causa por la "mafia de los medicamentos", donde se investiga la adulteración de remedios- y otro a la financiera Monetización SA, cuyo titular, Fernando Caparrós Gómez, también está imputado en la causa.
Según las fuentes, las entidades aparecerían vinculadas a la "ruta del dinero" que el Estado le giró a las Madres para la construcción de viviendas -a través del programa "Sueños Compartidos"- y que se sospecha habrían sido desviadas por empresas vinculadas a Schoklender, a su hermano Pablo, y a otra decena de personas.
Entre esas empresas se encuentra Meldorek SA, de la cual Sergio Schoklender sería el titular del 90 por ciento y a nombre de la cual hay propiedades, autos y yates.
Los nuevos acusados fueron vinculados por Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que envió a la Justicia el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entidad a la que Oyarbide le pidió información sobre 24 cuentas bancarias a nombre de las Madres.
Por otra parte, el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, descartó varios ROS que le había enviado la Unidad de Información Financiera (UIF) por considerar que no están vinculados al expediente.
