En 1993 (plena década privatizadora), se concesionó el servicio público de agua a la empresa Aguas Argentinas SA, en manos de los franceses de Suez. La compañía debía recuperar la calidad de los servicios, incorporar tecnología e inversiones y se comprometía a no aumentar las tarifas. Sin embargo, en 2006, cuando el Gobierno rescindió el contrato por “ incumplimientos en la prestación del servicio”, el saldo era bastante oscuro y las irregularidades se sumaban una tras otra.
Una de las deudas era la falta de acceso al servicio de agua potable y cloacas y, además, los elevados niveles de nitrato en pozos de agua dentro el área. Tampoco estuvieron al día en cuanto al pago de las multas por infracciones: la empresa había sumado 42,6 millones de pesos sólo en ese rubro.
Un informe de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios señala los incumplimientos. Por ejemplo, pese a que entre 1993 y 2003 la concesionaria no podía aumentar las tarifas, en junio de 1994 se reconsideró el contrato y se habilitaron aumentos. Durante esos diez años las boletas subieron 88 por ciento.
Tampoco se cumplió con las inversiones previstas. Aguas Argentinas estaba obligada a invertir 2.202 millones de pesos en diez años, pero sólo desembolsó $ 1.342 millones (el 60 por ciento). Además, esta plata venía de la recaudación por la facturación y no de aportes de los accionistas. La calidad del servicio, en consonancia, fue menor de lo pactado para la Ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del Conurbano. En algunos sitios se detectaron contaminaciones con arsénico, a pesar de los planes para purificar el agua.
