La Corte Suprema deberá resolver si son válidos los fallos dictados por los 200 jueces de emergencia que nombró el Consejo de la Magistratura.
Se trata de los jueces subrogantes que cubren los cargos de los tribunales vacantes mientras se lleva adelante el trámite para elegir a los titulares, un proceso en el que intervienen los tres poderes del Estado, y que demora unos dos años.
La decisión a la que se enfrenta la Corte es complicada: si bien los magistrados no cumplen con los requisitos que prevé la Constitución, si se decidiera declarar su inconstitucionalidad, los pedidos de nulidad de los fallos tomados por estos magistrados podrían hacer colapsar el sistema judicial.
En 2004 los juzgados acéfalos empezaron a multiplicarse. Ante este fenómeno, se designó a secretarios, abogados y jueces jubilados como subrogantes para garantizar que se brindara justicia en un tiempo razonable.
Según informa el diario La Nación, los subrogantes representan el 23 por ciento de los jueces nacionales.