La crisis carcelaria se extiende. De manera firme, pero no violenta, viene avanzando una ola de malestar entre los presidiarios bonaerenses. El 76% no tiene sentencia firme y por eso está con prisión preventiva a la espera de que se resuelvan sus juicios. La Justicia provincial comenzó ayer a investigar si es real la mora que denuncian los presos en huelga de hambre.
Ya son más de 12.300 las mujeres y hombres privados de su libertad que participan de la protesta que comenzó hace 12 días y que se expande, por ahora, sin recurrir a motines ni a la utilización de la fuerza. Se trata de la mitad de los presos que hay en la provincia de Buenos Aires.
La huelga ya llegó a la Capital Federal. A los huelguistas de los 26 cárceles y dos comisarías bonaerenses, se le sumaron más de 2.700 internos del penal de Villa Devoto y de la Unidad 3 de Mujeres de Ezeiza, ambos de jurisdicción federal.
Así lo confirmó el procurador penitenciario federal, Francisco Mugnolo, quien dijo que "esto recién hoy toma cuerpo" en su ámbito y señaló que los presos "se han solidarizado" con sus pares de la Provincia para reclamar "la agilización de causas".
En declaraciones a radio Continental, en la cárcel de Devoto "hay alrededor de 2.000 internos que iniciaron hoy la huelga, y unas 700 mujeres en la Unidad 3 de Ezeiza".
La Unidad Penitenciaria Nº 2 de Villa Devoto está ubicada en Bermúdez 265.
Al estilo de Gandhi. El método elegido en todas las cárceles y comisarías es pacífico y colectivo. Va pasando de penal en penal. Primero en los del Conurbano, luego en los del interior provincial. Huelga de hambre -total o parcial- para hacerse escuchar.
Exigen la agilización de las causas por las que están procesados y la derogación de la ley 12.405, conocida como ley Ruckauf, que implicó el actual hacinamiento que denuncian en las cárceles bonaerenses.
“Basta de pobres encarcelados”, se puede leer en las banderas que cuelgan de algunas de las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
La protesta se propagó como un reguero de pólvora. Involucra a 26 penales dependientes el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a dos comisarías y a tres cárceles federales, una de ellas la de Villa Devoto, en la Capital Federal.
Temen incidentes. El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, afirmó hoy que la situación por la huelga de hambre en 22 penales de la provincia es "estable", aunque dijo temer que se produzcan incidentes "en la convivencia, porque no todos los internos están adheridos".
El funcionario sostuvo que el panorama "es complejo por la magnitud" del problema, ya que la mitad de la población carcelaria adopta la medida, aunque remarcó que "los huelguistas también apuestan al diálogo" en su reclamo para que se aceleren las causas judiciales.
En diálogo con Radio América, Di Rocco expresó que "el diálogo es bueno, pero de prolongarse la medida puede haber algunas cuestiones que tengan que ver no con violencia, sino con incidentes en la convivencia, porque no todos los internos están adheridos, ojalá que no sucedan".
Los tiempos de la Justicia. A partir de hoy, la Suprema Corte bonaerense comenzó a realizar un monitoreo exhaustivo para establecer si existen situaciones de mora injustificada en juzgados y tribunales en juicios a personas que permanecen presas.
Los jueces que sean responsables de estas situaciones serán advertidos, y llegado el caso, serán llevados a juicio político por incumplimiento de sus deberes.
Además, pidieron al Ejecutivo y al Legislativo que asignen "los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda cumplir adecuadamente sus funciones".
Los jueces de la Suprema Corte bonaerense recordaron "carecen de facultades para definir su propio presupuesto" y agregaron que "existen innumerables pedidos y gestiones concretas dirigidas a conseguir la creación de nuevos órganos".
Rotunda respuesta. Por su parte, Carlos Rotundo, subsecretario de Políticas Penitenciarias, en conversación con perfil.com, aclaró que la protesta está “focalizada en cuestiones judiciales”.
Respecto al planteo del Poder Judicial, en el que reclaman mayor presupuesto, el funcionario bonaerense remarcó que se trata de “ la eterna puja por la distribución de los recursos que son escasos”.
Sin embargo, Rotundo aclaró que “en el 2004 el presupuesto que tenían era de 500 millones, en 2005 fue de 700 millones y este años es de 1.200, en dos años creció más de un 100%”.
Por último, el funcionario señaló que no existe superpoblación en las cárceles bonaerenses. “Antes de la Reforma carcelaria, hace dos años, había hacinamientos. Luego se agregaron 6.000 plazas en 12 unidades que se inauguraron y hay 5 penales que se están construyendo”, indicó.