Mientras la constructora Colony Park avanza en el denunciado proyecto millonario de "La Isla" en el Delta, la fiscal Rita Molina le envió a fines de agosto un pedido formal a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para que ordene el cese de las obras de la isla-country de ubicación privilegiada, porque estudios ambientales de la Provincia detectaron allí un gravísimo daño ecológico.
Según informaron desde la fiscalía a Perfil.com, Arroyo Salgado (la magistrada que interviene en la causa Noble) solicitó la semana pasada a la constructora del empresario Gabriel Schwartz toda la documentación que habilita las obras para construir un exclusivo 'country flotante'.
Incluso, la jueza requirió los estudios de impacto ambiental que nunca fueron aprobados por el ente de control medioambiental bonaerense, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS).
La semana próxima vence el plazo otorgado a Colony Park para que presente esos informes. De no hacerlo, Arroyo Salgado tendrá la posibilidad de hacer uso de la fuerza pública e interrumpir las obras.
La magistrada está a cargo en la querella que los isleños realizaron por "usurpación", "daños por estrago" y grave daño ecológico contra Colony Park. Los habitantes de la isla, en la demanda, también piden que se declare "ilegal" la venta a Colony Park por 30.000 pesos de las 400 héctareas.
Tras el pedido de la fiscal, Arroyo Salgado también requirió a la OPDS los informes de control ambiental que realizó en el lugar desde 2006. Perfil.com accedió a dos documentos de 2008 y 2009: se constató que "se modificó el ecosistema", la "geomorfología" de la flora y fauna autóctonas, así como se observó la elevación del terreno, lo que transformaría a la isla en un "tapón" ante las crecidas fluviales. Para la fiscal Molina esos fueron motivos suficientes como para ordenar una actuación policial.
Por esos informes, la OPDS no le otorgó a Colony Park la Declaración de Impacto Ambiental necesaria para seguir adelante con las obras, pero igual continuaron. Desde 2006, sólo la municipalidad de Tigre labró actas de paralización de obra y de contravención por más de 100.000 pesos. Más que eso no pudo hacer, debido a que el daño ecológico no prevé penas de prisión en la Argentina.
¿Y el Poder Ejecutivo? A todo esto, Perfil.com consultó a la OPDS si estudiaba, en el corto plazo, actuar sobre Colony Park al margen de las acciones judiciales. Desde el organismo que depende directamente de la jefatura de Gabinete provincial de Alberto Pérez respondieron a este medio que "el Estudio de Impacto Ambiental definitivo de Colony Park, actualizado el 14 de mayo de 2010, se encuentra actualmente en evaluación" y "hasta tanto se cuente con un informe técnico debidamente consolidado, resulta prematuro hablar de los impactos ambientales".
Según la Ley de Ministerios 13.757 de la provincia, la OPDS está facultada para ejercer el poder de policía. Sin embargo, el ente de control cita a otra normativa (la ley 11.723) para postergar su actuación con la fuerza pública. Como fue la comuna de Tigre la que actuó contra la constructora aplicando esta ley, desde la OPDS argumentaron ante este portal "que no fue necesaria la intervención del OPDS en ese sentido" y por eso "no es de su incumbencia" emitir una orden a Prefectura en cualquier caso.
Por su parte, los voceros de la comuna de Tigre insistieron a Perfil.com que su capacidad de suspensión de las obras es temporal y que el poder de policía permanente es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo provincial y de la Justicia.
De esta manera, todo indica que finalmente será la jueza Arroyo Salgado la que tendrá que actuar a partir de los numerosos reclamos de los isleños y de miles de vecinos de Tigre y San Fernando que rechazan el polémico proyecto inmobiliario "La isla".
* De la redacción de Perfil.com.
