Según consta en la causa abierta en los tribunales federales por las irregularidades en el otorgarmiento de franquicias diplomáticas para la importación de autos de lujo, dos empleadas de la Cancillería, parientes de uno de los investigados por el escándalo, quedaron en la mira de la Justicia.
Se trata de Cristina Rodríguez y su hija Marisol Santander, quienes trabajaban en la mesa de entradas del departamento de Franquicias y fueron apartadas del cargo cuando, en noviembre, se detectaron irregularidades y se realizó la denuncia penal que derivó en el escándalo.
Una de las mujeres, según consta en la causa, sería prima del gestor Pablo Rodríguez, señalado como uno de los intermediarios en la venta de autos truchos. El dato, según publicó el diario Clarín, surgió del sumario que lleva adelante la Cancillería y sobre el cual llegan a la Justicia informes de forma regular.
Entre las “operaciones” llevadas a cabo por Rodríguez, la Justicia resalta la intervención en la venta de autos a diplomáticos de las embajadas de Rusia, Bielorrusia y Cuba. La mujer fue participe, por lo menos, de siete operaciones “truchas”.
Además, Rodríguez contaba con el permiso, emitido por la Cancillería a pedido de la embajada rusa, para circular con autos diplomáticos. El juez federal Norberto Oyarbide le solicitó a su colega Claudio Bonadio el expediente en el que ya se investigaba a esta mujer desde el año pasado por el uso de estos automóviles.
Rodríguez está implicada en la venta del Audi A4 que compró la esposa de Jorge Matas, jefe del Departamento de Franquicias separado del cargo por la causa.
