Como después de seis fechas de "fútbol para todos" las autoridades aún no se han puesto las pilas y no han querido (o podido) venderle un solo aviso publicitario al sector privado, confiando quizás en que el dinero de los contribuyentes es de goma, durante el último fin de semana, la pantalla de Canal 7 saturó a los telespectadores con propaganda a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Mal que le pese al Gobierno, esas emisiones han venido a demostrar, paradójicamente, qué podría ocurrir en materia de pluralidad de voces si el pretendido monopolio privado fuere reemplazado de ahora en más por el monopolio estatal, ya que todas las manifestaciones de los spots generados por la Presidencia de la Nación que se han pasado hasta el hartazgo, tienen un manifiesto sesgo de uniformidad y mucho de intolerancia.
Si bien sería extraño que desde el Gobierno se bombardeara una iniciativa que le pertenece, la actitud desembozada de no sumar ni una sola opinión en contra del Proyecto -o al menos alguna neutra- marca bien a las claras cómo se confunde Estado con Gobierno y los dineros públicos con campañas panfletarias.
Pero, además, los avisos tienen un sesgo lamentable de imputación gratuita a los que no creen genuinamente en la futura ley porque entienden que puede cercenar la libertad de expresión, ya que el trasfondo no deja lugar a dudas sobre con quiénes se pretende emparentar a millones de ciudadanos, bajo la forma de una coacción abierta y maniquea para lograr consenso.
No se apoya a la dictadura militar por creer que no son necesarias ni cuotas de pantalla para emisiones de cine nacional, ni tampoco porcentajes obligatorios de música vernácula. Y mucho menos por pensar que un año es poco tiempo el que se le otorga a empresas que hicieron proyecciones de inversión, para que desarmen posiciones y malvendan sus activos, ni por sostener que si los cables son caros es mejor que la cuestión la dirima el área de defensa de los consumidores, antes que en el articulado de una ley de medios.
Tampoco son infames traidores a la Patria quienes piensan que la Autoridad de Aplicación en manos del Ejecutivo o su potestad para asignar licencias en ciudades de más de 500 mil habitantes es peligrosa por su discrecionalidad y que habría que corregirlo para que ningún gobierno de aquí en más digite los medios entre sus amigos, ni tampoco lo son quienes defienden la amplitud de las cadenas de radio y TV, en nombre de que la información nacional le llegue a todos, como necesario complemento de los hechos locales.
Para nada habría que pensar tampoco que los que solicitan que la nueva ley incluya capítulos dedicados a la asignación cristalina y previsible de la publicidad oficial o quienes aspiran a que el Estado abra la información pública a todos los medios o quienes piensan que la futura ley es más autoritaria y estatista que aquel cuerpo legal que hicieron los militares tienen ánimo "destituyente".
Pues bien, de nada de esto se ocupan los artistas que quizás de buena fe, aunque podría pensarse que están cuidando su propia quinta, dicen lo suyo a favor de la ley en uno de los avisos.
Mucho más triste es el otro, donde supuesta gente de a pie expresa su sentimiento de apoyo, porque el mismo resulta tan increíble como la inflación del INDEC. En materia comunicacional y de subestimación de la opinión pública, el Gobierno no escarmienta. Abre el juego a la pluralidad y al mismo tiempo uniforma las opiniones, de tal suerte que su prédica desesperada para intentar convencer le cae en la cara como si hubiese escupido hacia arriba. Es imposible que, después de la elección del 28 de junio, todas ellas sean de un solo color, máxime cuando los que ganaron ese día, hoy se manifiestan legislativamente en contra. Tan imposible, como que a la fecha existan menos pobres en la Argentina.
(*) Agencia DYN
