SOCIEDAD
salarios y subsidios

La UTA acató la conciliación obligatoria y levantó el paro

El gremio que nuclea a conductores de micros de larga distancia suspendió la medida por cinco días. Siguen las negociaciones.

Sin gente. Una postal de la estación terminal de Retiro durante uno de los conflictos del sector.
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La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los conductores de micros de larga distancia, resolvió ayer levantar el paro que debía comenzar a las 21 por pedido de las autoridades y en el marco de cinco días de conciliación obligatoria, donde se intentará destrabar el conflicto.

La información fue suministrada a la agencia DyN por el titular del gremio, Roberto Fernández, al término de una reunión en la Secretaría de Transporte con funcionarios y referentes de las cámaras del sector. “El Gobierno se comprometió a conversar, una por una con las empresas, y a buscarle una solución a este conflicto en los próximos cinco días hábiles”, dijo Fernández a esta agencia.

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Los choferes de larga distancia reclaman el cumplimiento del pago del aumento salarial del 23% retroactivo a enero, que las cámaras empresariales “siguen sin cumplir”, sostuvo el vocero de la UTA, Mario Calegari.

Calegari sostuvo que toman como “válido” el reclamo de los empresarios, quienes reclaman por los recortes en los subsidios al sector. Los empresarios reclaman que los subsidios a Aerolíneas Argentinas posibilitan que los pasajes aéreos a ciertos destinos sean más baratos. “El argumento que esgrime el sector empresario puede ser hasta válido porque este sector une 1.100 ciudades en todo el país en puntos a los que no llegan los aviones, que conectan grandes capitales, ni los ferrocarriles. Entonces, si es un servicio de interés público para el Estado, para el Gobierno, alguna ayuda le tiene que dar”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.

En el día de ayer, el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, había intimado a las empresas a garantizar el normal funcionamiento del transporte y a cumplir con las resoluciones pendientes. La nota advertía que los que no acataran la resolución, serían “pasibles de la sanción de caducidad del permiso, y demás acciones civiles y penales que por derecho correspondan, atento que se configuraría como consecuencia de dicha conducta un impedimento al normal funcionamiento del servicio público”.