La desaparición de Angeles y su posterior hallazgo provocaron una serie de denuncias-hipótesis que quedaron plasmadas en la causa. Para llegar a la detención del portero, la fiscal María Paula Asaro debió sortear varias teorías sobre el crimen. Versiones que fueron investigadas y descartadas por inverosímiles. En una semana de trabajo intenso, la instructora y sus asistentes tomaron declaración a personas que aseguraron que Mumi había sido víctima de una red de trata, de un colectivero enamorado, de un profesor de educación física y hasta de un “pibe chorro” en busca de reconocimiento entre sus pares.
La causa se inició por un presunto secuestro. Angeles aún no había aparecido y se creía que había sido secuestrada. En ese sentido, la fiscal pidió datos sobre las personas en situación de calle y un listado completo de los empleados de la Ceamse de Colegiales, donde la menor se despidió de sus compañeras. Asaro prestó especial atención a una persona que dio detalles del funcionamiento de una red de trata en La Matanza, pero la hipótesis naufragó. Un día después del hallazgo del cuerpo un hombre apuntó al ex novio de su hija. “Pienso que la mató”, aseguró. ¿El argumento? “Es un pibe chorro que buscaba una chica para matar”. El denunciante no logró probar ninguno de sus dichos.
Otro indicio que figura en el expediente es el tweet del usuario @ExG4m3r que “predijo” el modo en que apareció el cuerpo de Angeles. Asaro comprobó que nada tenía que ver con el homicidio.
El testigo más polémico fue el aportado por Cristina Caamaño. El respaldo de la funcionaria del Ministerio de Seguridad daba entidad a la declaración que desviaba la mirada hacia Sergio Opatowski. Dijo que, camino a tomar un colectivo, vio al padrastro de la joven asesinada “empujando un carro de basura”. No lo pudo demostrar. La tarjeta SUBE que llevó a la fiscalía no estaba a su nombre.
Por último, Pablo Lanusse, abogado querellante, aportó un audio en el que una mujer relata una discusión entre la mamá de Mumi, María Elena Aduriz y Opatowski, en el edificio donde vivían. El juez Ríos actuó rápido y ordenó un traslado masivo de los vecinos de Ravignani 2360. La prueba se descartó. No se pudo comprobar siquiera la existencia de la denunciante.
