Redactor de Sociedad en Diario Perfil. Mail: [email protected] TW: @corsalini
Luego de la serie de desalojos de manteros y vendedores ambulantes de la vía pública, en especial en la zona de Acoyte y Rivadavia, el gobierno porteño avanza en el análisis de diferentes locaciones de la Ciudad donde podrían instalarse y desarrollar allí su actividad comercial. Por el momento, y según pudo averiguar PERFIL, las zonas que se están estudiando son linderas a las vías de la ex línea Sarmiento. Y si bien en un primer momento se señalaron los terrenos ubicados entre las calles Jean Jaures y Gallo –a pocas cuadras de la estación de Once–, ahora también se están analizando otras posibilidades. Una de las ellas sería un predio lindero a las vías, sobre la calle Venancio Flores, entre la avenida Nazca y Joaquín V. González, en el barrio de Flores. Se trataría de una parcela ubicada a pocas cuadras de la avenida Avellaneda, uno de los puntos más álgidos en la lucha que lleva adelante el gobierno porteño contra la venta ilegal en el espacio público. La otra posibilidad son unas parcelas ferroviarias donde están instalados los talleres y cocheras de la línea que corre entre Once y Moreno, a la altura del barrio de Liniers. Se trata de unos terrenos ubicados entre la autopista Perito Moreno y la avenida Rivadavia, pocas cuadras antes de la General Paz.
Liniers, como se sabe, es otra de las zonas de la Ciudad donde la actividad de manteros es alta. “La idea es mudar allí a los manteros y vendedores ambulantes que realmente lo necesiten y que a su vez no generen competencia desleal con los comerciantes formales. El espacio público es de los ciudadanos, no para que sea utilizado para la venta ilegal”, señaló al respecto un alto funcionario gubernamental. Por su parte, desde el sindicato de vendedores ambulantes ven con desconfianza estas posibilidades. “El problema de los manteros tiene que solucionarse. Hace tres semanas que nos desalojaron de nuestro ámbito, que es la calle, y la situación va generando malestar entre los vendedores y se torna crítica. Hablan de galpones pero todavía hay que construirlos, son sólo proyectos. No van a hacerlos de un día para el otro. Mientras tanto, seguimos sin poder trabajar”, aseguró Omar Guaraz, referente gremial de los vendedores ambulantes. “Los anuncios que haga el Gobierno sólo sirven para mostrar que el Estado actúa pero termina criminalizando la actividad. Las mafias van a seguir actuando”, enfatizó el fundador del sindicato. En ese contexto, según datos aportados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),el negocio de la venta ilegal en espacios públicos mueve unos $ 850 millones al mes.
