La Argentina ha cambiado. Con esfuerzo, compromiso pero también como consecuencia de mucho dolor, se ha logrado gestar una conciencia mayoritaria respecto de la cruda realidad de la violencia de género, de sus implicancias y de cómo ataca los fundamentos y las bases de nuestra organización social.
Somos cada vez más los argentinos que nos manifestamos públicamente en contra de todo tipo de desigualdad basada en los géneros, porque entendemos que la vigencia de este modelo solo acarrea consecuencias negativas para nuestra sociedad y para nuestro verdadero desarrollo como Nación.
Ya no nos es extraño que en la vida cotidiana se señalen con rechazo y en voz alta casos antes invisibilizados, no solo de violencia física sino también verbal, psicológica, económica, laboral o mediática. Hoy estamos más alertas, nos expresamos con mayor vehemencia respecto de las denuncias que deben realizarse, informamos con más cuidado y concientizando, dado que estamos más dispuestos a discutir y a comprender la desigualdad, sumando argumentos en pos de terminar con una cultura de injusticia hacia las mujeres.
Pero lamentablemente este cambio de paradigma se ha dado en gran medida porque existieron víctimas de delitos cuya gravedad y resonancia mediática obligó a la política a actuar con una inédita velocidad que contrasta con la inentendible pasividad que la caracterizó para trabajar en este tipo de cuestiones.
Lo he repetido muchas veces como legislador y ahora me toca hacerlo como Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, nuestro mayor desafío como dirigentes es poner la agenda de la ciudadanía siempre primero y por iniciativa propia, como muestra de una voluntad política transformadora y no de manera reactiva, de urgencia, frente a la explosión de una demanda social y mediática que se expresa con llanto y dolor de las víctimas en la calle.
No debemos esperar otro hecho trágico para generar un estado de alerta y reacción de la política que active las normas y los mecanismos institucionales que son necesarios para continuar trabajando en la agenda de protección de los derechos de las mujeres como una política de Estado, con el objetivo de lograr cambiar las reglas culturales de nuestra sociedad. Ese es nuestro compromiso en este aniversario del Ni Una Menos.
