En un fuerte respaldo a las maestras separadas preventivamente de sus cargos del Jardín de Infantes Nº 2 del Distrito Escolar 12 del barrio de Flores, donde concurría Agustín Marrero, el nene de cinco años que fue asesinado por su padrastro el pasado 9 de junio, ninguna docente se presentó al acto público del jueves pasado con el que el Ministerio de Educación porteño intentó cubrir esas vacantes.
Según pudo averiguar PERFIL, el llamado estaba destinado a directoras, vicedirectoras, secretarias y maestras titulares de todas las escuelas públicas de la Ciudad. En este sentido, más de mil docentes de colegios porteños estaban en condiciones de cubrir esos puestos. El cargo a cubrir era el de Elsa Vincova, directora del establecimiento, mientras que el puesto de Alejandra Bellini, a cargo de la sala donde concurría el menor, por el momento es cubierto por una docente suplente.
“Nadie se presentó a la convocatoria para reemplazar a la directora y ninguna maestra aceptó al llamado para hacer lo propio con el cargo de la maestra de sala en solidaridad con las docentes”, señaló Mariano Denegris, responsable de comunicación de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Ambas profesionales están realizando tareas administrativas en otros establecimientos educativos hasta tanto termine la investigación abierta por el Ministerio de Educación porteño, para evaluar si cumplieron con el protocolo de protección que rige en caso de maltrato infantil; es decir, si no podrían haber hecho algo más para proteger a Agustín. El niño llegó al colegio en varias ocasiones con marcas en su rostro y con dos piezas dentales menos. En declaraciones esta semana, la docente Bellini dijo que la madre había presentado un certificado de un odontopediatra y que, ante los golpes, tanto ella como el menor dijeron que se trató de caídas en la bañera. “Hay actas libradas. La mamá siempre participó de las reuniones del jardín. Era una familia nueva. ¿Por qué íbamos a sospechar?”, argumentó.
Por su parte, la responsable del Ministerio Tutelar de la Ciudad, Yael Bendel, aseguró a PERFIL que “se están analizando todas las leyes que protegen los derechos del niño. Ante las normas que pueden aplicarse ante un hecho así, la separación del cargo es una alternativa válida y en este caso, está bien aplicada. Ante la sospecha, deberían haber dado intervención al Organismo de Protección de los Derechos de la Infancia”.
