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SOCIEDAD / Informe
martes 12 junio, 2018

Papel de prostitutas: la otra cara de la oferta sexual en la vía pública

Las trabajadoras sexuales sostienen que la prohibición de publicar avisos sexuales invisibiliza a las trabajadoras, llevándolas a la clandestinidad.

Melissa Kuris y María Victoria Perckis

Pubicidad de oferta de sexo en la vía pública. Foto: Cedoc

Son las 8 de la mañana y Naty se despierta. Como todos los días en los que trabaja, limpia su casa –que funciona como su oficina–, cambia las sábanas, se baña y pone el agua a calentar. Se viste con ropa cotidiana, nada de lencería. Sus compañeras de trabajo y de vivienda hacen lo mismo. Mientras esperan a que vengan los clientes, se sientan a compartir unos mates. Cada día deciden quién cocina –se van turnando–, dividen los gastos entre todas e incluso se cuidan cuando están enfermas. El único elemento fuera de lo usual es el tipo de trabajo que ofrecen: sexo. Su casa es una cooperativa de trabajadoras sexuales. 

–Estamos siempre pendientes de la puerta –dice Naty, resumiendo la esencia de sus días. La puerta es lo que las separa del resto de sus compañeras cuando están atendiendo a los clientes. Es una barrera momentánea entre hogar y oficio. Por eso siempre están atentas, aunque sin entrometerse, en lo que sucede detrás de ella: ruidos extraños, silencio ensordecedor o si se excede el horario prestablecido. Se defienden entre ellas, porque nadie más está dispuesto a hacerlo.

Pero principalmente, la puerta es la entrada a través de la que se manifiesta su trabajo. Los clientes –algunos regulares, de la casa, otros primerizos–, llegan luego de haber marcado una cita previa, tocan timbre y esperan ser atendidos. Conocen el lugar por papelitos que encontraron pegados en postes, soportes publicitarios y paradas de colectivos. Estos volantes de avisos sexuales son, ahora, el único método efectivo que encuentran las meretrices autónomas para promocionarse. 

Cuando en 2011 Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que prohíbe la publicación de avisos de comercio sexual en todo el país, la situación para las trabajadoras sexuales cambió por completo. La normativa está basada en la Ley 26.346 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, vigente desde 2008, que señala que “existe explotación cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual”. 

La prohibición del rubro 59 –como se conoce cotidianamente a los anuncios sexuales por ser la forma en que se presentaba en el diario Clarín–, cambió totalmente el método de publicitación de las meretrices autónomas. Al no poder contar con las varias páginas que los medios gráficos le dedicaban a su trabajo, tuvieron que mutar la forma en que presentaban sus servicios. Poco a poco la oferta de sexo se instaló en la vía pública colmando la ciudad con papelitos pegados en postes de luz, tachos de basura, carteles publicitarios, semáforos, teléfonos públicos, e incluso paredes y puertas de distintos barrios de la capital. Las trabajadoras sexuales encontraron allí el único escenario en el que pueden promocionar su trabajo. El problema es que esta variante no es del todo legal.

Georgina Orellano, Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), un gremio de trabajadoras sexuales que está afiliado a la CTA, asegura que lo que hace la prohibición de avisos sexuales publicados es invisibilizar a las trabajadoras, llevándolas a la clandestinidad; y esto implica vivir expuestas a situaciones de riesgo. Precisamente en torno a esta problemática gira el debate de la oferta sexual en la vía pública.


Existen dos posturas. Por un lado, avalados por el decreto 936/2011 y su posterior reforma de 2012, están quienes piensan a las prostitutas como víctimas, sin excepción, y están a favor de acabar con la publicación de avisos sexuales. En el otro extremo, aparecen las meretrices que trabajan por elección y buscan alcanzar la autonomía a través de un proyecto de ley de trabajo sexual autónomo.
–Cuando uno arranca papelito piensa que está ayudando a parar el tráfico de personas, pero nos están cagando laburo –esclarece Naty indignada–. No estamos privadas de nuestra libertad, no somos víctimas de nadie, lo único que queremos es poder trabajar. 
La prostitución en Argentina es una actividad legalizada siempre y cuando se ejerza voluntariamente y para rédito propio. Lo que se condena en el Código Penal es la trata y la explotación de personas. Por lo tanto, la actividad que realizan tantas mujeres –afiliadas o no a la AMMAR– es lícita y debería ser tratada como tal. Pero esto no sucede. 

El problema principal es la dualidad que existe en esta legalidad que pareciera ser solamente aparente. Es que si bien la actividad no está prohibida, sí lo está el principal modo –y el más efectivo– que encuentran las meretrices para promocionarse. La Ley 4486, un proyecto presentado por Gabriela Seijo, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, y aprobado en 2012 prohíbe los volantes que de forma explícita o implícita anuncien servicios sexuales.

Sumado a esto, existen iniciativas como “No seas cómplice” –propulsada por el Gobierno de la Ciudad– o “Martes Rojos” –iniciada por Carolina Barone, directora de ejecución de políticas de género y diversidad del Ministerio de Seguridad–, que invitan a despegar los volantes callejeros. Este tipo de campañas no solo contribuyen a estigmatizar cada vez más el ejercicio del oficio sexual, sino que agrupa a mujeres víctimas de trata y meretrices autónomas, dificultando la diferenciación por la que estas segundas tanto abogan. 
El resultado no es la persecución hacia el tráfico de personas con fines sexuales, como se suele predicar, sino hacia el trabajo sexual en general. Por tal motivo, la AMMAR está buscando, desde 2013, un marco legal que ampare el trabajo de sus asociadas, que según la ley está permitido, pero que desde la sociedad está completamente estigmatizado y penado. 

Otra parte de la cadena del trabajo sexual

Pablo, como se hace llamar, tiene 26 años. Se falsea el nombre porque en el negocio en el que trabaja, todos lo hacen. Camina por las calles todas las noches, una mochila negra decorando su espalda y funcionando como modo de transportar su trabajo. Pablo trabaja propagando volantes publicitarios, pero colabora con la publicitación de un rubro bastante particular: el sexual. 
Empezó repartiendo volantes para un restaurante, pero le pagaban muy poco. Un día, mientras trabajaba, una mujer se le acercó y le preguntó si aceptaría trabajar repartiendo volantes de oferta sexual por el doble del sueldo. No tuvo que pensarlo mucho: la búsqueda laboral estaba complicada y tenía a su madre internada.

Así empezó a formar parte de la cadena del trabajo sexual. La historia parece ser la misma: estaba en la búsqueda de un mejor sueldo y cansado de los maltratos y las explotaciones laborales. Como la mayoría de los que de alguna forma se dedican a este rubro, lo hace porque los horarios le conviene. Trabaja solo cuatro horas por jornada –de 8 pm a 12 am–, por lo que en el resto del día puede dedicarse al cuidado de su mamá. 

A la hora de promocionar el rubro sexual, no existen muchas alternativas, menos aún cuando la ex presidenta prohibió el Rubro 59. Una de ellas es a través de internet, pero la realidad es que no todos los clientes tienen acceso a la web. Una segunda opción es el anuncio sexual en la vía pública –los volantes que aparecen pegados en postes y paredes–, pero no es del todo legal.
El conflicto aparece porque esos papelitos cumplen una doble función: por un lado, promocionan el trabajo de mujeres que eligen la prostitución para subsistir, pero por el otro, promueven el consumo de prostitución y atraen a clientes que, si no fuera por la publicidad callejera, no llegarían a contactarse con trabajadoras sexuales.

Al mismo tiempo, y lo más importante, el volante callejero no diferencia entre las mujeres autónomas que deciden practicar la prostitución y otras mujeres víctimas de la trata de personas. Acá aparece el segundo problema, porque aquellos que manejan las redes de trata se ocultan en el anonimato y muchas veces se hacen pasar por autónomas que comercializan su trabajo.

Debido a esto, las leyes y decretos deciden englobar a los dos extremos de este mismo rubro en un único caso. Es la alternativa más fácil a buscar una forma oficial de diferenciación. Por eso, desde la AMMAR hablan de la persecución al trabajo sexual en general.

El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el artículo 81 que la oferta y demanda de sexo en los espacios públicos es sancionada con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o una multa de 200 a 400 pesos. 

Al preguntarle a Rodrigo, un oficial de la Policía Metropolitana que custodia la esquina de avenida Córdoba y Junín todas las noches de lunes a viernes, afirma que si encuentra a una persona pegando volantes de oferta sexual en la vía pública tendrá que labrar un acta y confiscar la evidencia (los volantes). Este discurso coincide con el de otros policías que aseguran que además, deberán advertir al implicado que en caso de repetirse la situación, se lo llevarán detenido. Pablo tuvo algunos altercados con la policía, pero nunca se lo llevaron a la comisaría, ni le hicieron un acta contravencional. Piensa que los policías seguramente están involucrados de alguna forma en el negocio, porque en lugar de detenerlo, simplemente le advierten que debe salir de donde está. A continuación, dan media vuelta y continúan su trayecto hacia el lado opuesto del recorrido que realiza él. 

Buscar una solución

Textualmente el decreto 936 dice: “Se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual, con la explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”. 


Este decreto deja sin opción a las trabajadoras sexuales que desean y eligen ejercer la prostitución por cuenta propia, invisibilizando y discriminando su actividad. A partir de esto, aparecen algunas posturas opuestas, que ofrecen una posible solución al conflicto. A grandes rasgos, se identifican dos líneas de pensamiento que intentan, desde distintos enfoques, ofrecer una respuesta: el abolicionismo y el regulacionismo. 
El primero está en contra del consumo de prostitución y considera a esta actividad como una forma de violencia contra la mujer. Además, se ubica a favor de la penalización de clientes y la prohibición legal de su ejercicio. El segundo, según Georgina, propone que la prostitución se organice como sindicato y exija derechos y garantías al Estado.

En 2013, AMMAR presentó un proyecto de Ley al Congreso con el fin de regular la prostitución a nivel nacional. El mismo planteaba ubicar la actividad dentro de un marco legal para poder organizar el mercado. Según Georgina, se basan en el trabajo autónomo en cualquier modalidad que la mujer elija. 
Si bien el proyecto existe y muchas personas lo apoyan, todavía no existe suficiente maduración política para tratar temas como este. El trabajo sexual en Argentina está legalizado mientras no sea para beneficio de terceros, pero los decretos que consideran a la temática y sus aristas, lo hacen de un modo perjudicial para la misma.


Aunque en lo general suelen diferenciar a las meretrices autónomas de las víctimas de la trata sexual, en la particularidad de los decretos agrupan a estas dos categorías, perjudicando a ambas por igual. Por un lado, obligan a las primeras a ejercer su oficio en la clandestinidad; por el otro, no dedican la totalidad de los recursos en rescatar a las segundas, ya que se enfocan en perseguir al imaginario enemigo de la prostitución legal. En materia de regular la prostitución todavía queda mucho camino por recorrer.

(*) Investigación ganadora de la Beca Perfil para el Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil - USAL. 


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