Para la Justicia, la vida de un joven pobre vale $ 8.000

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, resolvió bajar la indemnización solicitada por la familia de un joven humilde, que falleció por un accidente de tránsito, de 57.000 pesos a 8.000 porque consideró que “sus sueños de progreso culminarán, por el peso de la realidad, transformándose en verdaderas utopías”.

Según el dictamen de uno de los magistrados que intervino en el fallo, el joven - Luis Antonio Alvarez, de 19 años- nunca hubiese llegado a mejorar su situación económica por su condición socialmente humilde.

Por lo tanto, la suma de 8.000 pesos se estableció en concepto de “pérdida de chance” por la futura ayuda moral y material que el joven hubiese aportado al hogar familiar de no haber sufrido el accidente que le quitó la vida, según informó La Nación.

"Este fallo me deja sin palabra. Ninguna vida cuesta 8000 pesos. Hay distintos contextos, pero los jueces no pueden predecir lo que hubiera hecho ese joven si continuara con vida", aseguró la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), María José Lubertino, consultada por el matutino. Para Lubertino, el fallo es "claramente discriminatorio. Se puede hacer un planteo de inconstitucionalidad y pedir alguna sanción para los jueces", dijo.

El abogado de la familia Álvarez, Cristian Dayar, explicó que "el razonamiento expuesto en la sentencia no es una derivación razonada del derecho vigente ni de los hechos comprobados en el juicio. Tampoco del análisis exhaustivo de los antecedentes jurisprudenciales".

El juez en lo civil, comercial y laboral de la 4a. Nominación de Rafaela, Juan Carlos Ramonda, señaló que para definir el monto indemnizatorio se tomó como antecedente el hecho de que Álvarez había abandonado los estudios secundarios, y si bien había comenzado a trabajar días antes del accidente su proyecto de vida digna era de difícil concreción.

Familiares y amigos de la víctima desestimaron el argumento y aportaron pruebas que demostraban lo contrario. El tribunal las consideró “meras conjeturas”.