El CEO de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, y el periodista Héctor D'Amico se presentarán hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a declarar en una causa que presentaron contra el Estado argentino por la "violación del derecho a la libertad de expresión".
Los periodistas declararán con motivo de los alegatos previstos en el caso, que llegó a la Corte en 2010 luego de que ambos fueron condenados hace diez años por haber publicado una serie de notas acerca de un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. Según informó la CIDH, entre hoy y el jueves se presentarán en la ciudad colombiana de Bogotá los testimonios de las víctimas, las pericias realizadas por especialistas y los alegatos del Estado y de los representantes de los periodistas.
Fontevecchia y D'Amico fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2001, un fallo que los obligó a pagar una indemnización al ex presidente Menem. Tras el dictamen, ambos periodistas recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al alegar la responsabilidad de la Argentina por la violación de los artículos 8 (Garantías judiciales) y 13 (Libertad de pensamiento y de expresión) de la Convención Americana.
En su presentación, Fontevecchia y D'Amico argumentaron que era público en la provincia de Formosa que el padre del hijo de la ex diputada provincial Martha Meza (Carlos Nair Meza) era el ex presidente Carlos Saúl Menem y "que la veracidad de esa información no había sido desmentida en ningún momento por el ex mandatario". Luego de analizar el tema, la Comisión Interamericana concluyó que la condena civil por daños y perjuicios "no observó los requerimientos exigidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para encontrar justificada la imposición de responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión".
Además, consideró que el Estado argentino "impuso una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de las víctimas". Por eso, y porque el Estado no cumplió las medidas reparatorias solicitadas a lo largo del trámite del caso, la Comisión siguió su procedimiento habitual y presentó la demanda ante la Corte, que emitiría su sentencia antes de fin de año.
