La llegada de Mi Sangre a la cárcel de Ezeiza provocó una revolución y un cambio sustancial en cuanto a la seguridad. Su prolongada estadía en el penal (está próximo a cumplir dos años) coincidió con algunos extraños episodios que pusieron en alerta a las máximas autoridades penitenciarias. En poco tiempo, los guardiacárceles a cargo de su custodia saldaron sus deudas económicas. Todos estaban pagando distintos préstamos que eran debitados de sus salarios, en cómodas cuotas.
Hasta ahora nadie se explica cómo reunieron el dinero para dejar sus saldos en cero. La curiosa situación modificó el plan de seguridad respecto de Henry de Jesús López Londoño, el narco colombiano más famoso que está preso en Argentina. Desde entonces se busca que los agentes asignados a su custodia se repitan lo menos posible.
El caso de Mi Sangre es un ejemplo del nuevo cuadro de situación que se vive en las cárceles federales, con la llegada de supuestos capos narcos extranjeros y argentinos que manejan cifras de dinero incalculables. Según pudo saber PERFIL, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sigue de cerca los movimientos de los presuntos jefes que están alojados en distintos penales del país.
Las fuentes consultadas indicaron que son más de cien los supuestos narcotraficantes que están siendo monitoreados actualmente por las autoridades, aunque el foco estaría puesto en unos veinte. “El nivel que tienen de generar daño y corrupción no tiene límite”, asegura a PERFIL un vocero penitenciario sobre los sindicados capos narcos. “Preocupa mucho el tema porque a una persona le pagaron la totalidad de la deuda y lo increíble es que no sabía quién lo había hecho. El problema es que el narcotraficante no busca la aprobación. Acá no hay un ida y vuelta. Si no lo aceptás sos boleta”, explica.
En la selectiva nómina figuran personajes de la talla del colombiano Mi Sangre, acusado de ser el líder del cartel Los Urabeños, y otros supuestos narcos que no tienen tanta fama como él pero que requieren una atención especial. Entre ellos sobresale la figura del polaco Andrzej Polus Slawomir, conocido como “el Francés” y considerado el mayor traficante de marihuana.
Actualmente está alojado en la prisión regional del norte (Unidad 7) de la provincia de Chaco.
En el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, el foco de atención lo tiene el mexicano Juan Jesús Preciado Espinoza, conocido como el “jefe de jefes”. Vinculado a Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, cumple una condena a nueve años de prisión por el contrabando de 300 kilos de efedrina. Sin tanta prensa, allí también descansa Víctor Hugo Grgicevic, el supuesto financista de Los Lagartos, una organización que sería un desprendimiento de la banda que supuestamente comandaba el Francés.
En el penal de Ezeiza Mi Sangre no está solo. Otros ocho presuntos narcos manejan distintos pabellones. Mario Segovia, alias “el Rey de la Efedrina”, es uno de ellos. Condenado a catorce años de prisión por “asociación ilícita”, convive junto a cuatro de los supuestos miembros de la banda de colombianos que residía en Nordelta y que para la Justicia participaba del lavado de activos de una organización narcocriminal: Fabián Martínez Grajalez, John Martínez Grajales, Andrés Sánchez Galves y Blanca Rojas. El sindicado líder de este grupo sería Jesús Yepes Gaviria, también de nacionalidad colombiana, aunque a diferencia de sus compañeros de causa, él se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Villa Devoto.
En esa misma unidad están los tres principales acusados por la Operación Luis XV del año 2012, un procedimiento que permitió el hallazgo de 280 kilos de cocaína. Son tres: Diego y Jaime García Rivero, y Adolfo Mejía Medina.
Según fuentes consultadas, el poder económico de muchos de estos hombres genera situaciones tan graves como curiosas: por ejemplo, no sólo se paga para obtener protección y privilegios penitenciarios sino también para que los internos se conviertan en soldados incondicionales. “Dentro de un pabellón pueden comprar a todos: no sólo al personal sino también a los presos”, revela un vocero.
Otro tema que preocupa es el crecimiento del sicariato intramuros. “Tienen capacidad para que cumplan esa función en cualquier momento y estamos hablando de un alto nivel de probabilidad de que se produzcan ciertos hechos. El Poder Judicial no puede entender que esta gente tiene que tener un nivel de seguridad muy alto. En otros países están bajo estricto control las 24 horas. Acá es imposible. Si queremos igualdad de condiciones para los ladrones de gallinas que para los narcotraficantes estamos en problemas. En algo los tenemos que diferenciar”.
Hay más de 3 mil detenidos
En los últimos años la población en los penales federales creció de manera paulatina. Sin embargo, lo que más llama la atención en la curva es el incremento sostenido de los internos acusados por narcotráfico.
Según datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) relevados hasta agosto pasado, el 30% de la población actual (3.102 sobre un total de 10.205) está acusado por infracción a la ley de drogas (23.737).
En 2012, 2.864 detenidos –sobre un total de 9.807– ingresaron por su presunta vinculación con la comercialización de estupefacientes, lo que para la estadística significa un 29,20%. De la totalidad de internos acusados por narcotráfico –siempre en base a cifras que maneja el SPF– se destaca que 1.903 están procesados y apenas 740 condenados. Respecto de las mujeres, se indica que 308 todavía no fueron llevadas a juicio, en cambio 151 fueron sentenciadas. El aumento de la población carcelaria repercutió en los penales del norte del país, donde casi no quedan plazas disponibles.
Según cuenta el juez federal de Orán (Salta) Raúl Reynoso, muchos detenidos fueron “enviados a dependencias de la Policía Federal o escuadrones de Gendarmería Nacional” que no tienen el nivel de seguridad que requieren los acusados por esta clase de delitos. El magistrado reconoce que la situación con el narcotráfico en el norte los supera: “Sólo en mi juzgado he tenido 305 presos, una cantidad desorbitante cuando en promedio un juzgado tiene veinte”.
