Una nuevo y singular sindicato está en marcha en el país. Para formar parte de sus filas, es necesario cumplir con un requisito imprescindible: haber cometido algún delito. Es que se trata de la Asociación Sindical de Trabajadores Ex Detenidos y Detenidos de la República Argentina, que aspira a nuclear a los convictos que trabajen y planea agrupar a más de 10.000.
La polémica propuesta fue presentada por Ariel García, abogado penalista y ex convicto, en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, con la intención de obtener la personería jurídica y gremial. Entre otras cosas, piden un sueldo mínimo de 950 pesos por mes para los afiliados.
García, abogado defensor de Aníbal González Higonet, " el Loco del Martillo” -asesino de 3 mujeres, y uno de los primeros afiliados al sindicato- y de Fabián Tablado. “El objetivo es que los presos trabajen y ganen un sueldo digno. Eso los mantendrá activos, cansados y no tendrán ganas de salir a robar”, argumentó García.
Además de “el Loco del Martillo”, liberado hace un año y medio, también se afiliaron Carlos Caccia, condenado por participar en el secuestro del empresario textil Abraham Awada, y Adolfo Martín Parafita, el ladrón que asaltó 32 bancos bajo la modalidad exprés.
García explica que a los presos que trabajan en la cárcel “les dan un peculio de 4 pesos por día que no les alcanza para nada”. La idea, señala, es “que puedan vivir del trabajo que ellos mismos generan y que con su sueldo puedan mantener a sus familias y pagar a sus abogados”,
Según la Ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, “el trabajo constituye un derecho y un deber del interno, es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación”, y no debe imponerse como castigo. “ Deberá ser remunerado y se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigentes”, indica.
