Prevén multas de varios millones para las empresas que infrinjan la Ley del Consumidor

El enojo del consumidor al comprar un producto que no cumple con sus expectativas y su decepción por destinar parte de su dinero a un artículo que no resultó ser lo que parecía tendrá nuevas formas de combatirse.

La Cámara de Diputados aprobó las reformas sobre la Ley de Defensa del Consumidor, que ya tenía media sanción del Senado y que mejorará la protección de los usuarios y aumentará la presión y los castigos sobre las empresas que no cumplen. Las mayores exigencias recaerán sobre bancos, privatizadas, aeronáuticas y comercios.

La modificación principal, que más festejan las asociaciones de Defensa del Consumidor, es el reconocimiento al derecho de indemnización inmediata que llega hasta los 3.000 pesos.

Además, se elevarán las multas contra las empresas a cinco millones de pesos, y obligarán a las oficinas de Defensa de la Competencia de todo el país a defender a los consumidores, o sea que los usuarios podrán hacer sus reclamos en las dependencias directas municipales, sin necesidad de trasladarse hacia el Ente Regulador como hasta ahora.

Las Asociaciones de Defensa del Consumidor reclamaban estas modificaciones desde hace años, y aplauden la iniciativa del Congreso. La titular del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, aseguró en declaraciones a Perfil.com que la ley “significa un gran avance y nos iguala con otras legislaciones, como la chilena. Hubo voluntad política de aprobarla porque era un reclamo de la gente. La ley no tuvo más remedio que aggionarse”.

Andrada señala como los hechos más positivo del cambio legislativo “ la incorporación de la figura de daño directo, el resarcimiento económico al consumidor, apertura de un centro de atención al usuario de las empresas, y las denuncias en los organismos de defensa”.

Sin embargo no todo es positivo para el CEC, Andrada lamenta que no se hayan incluido a los profesionales liberales en estas modificaciones. “Si un profesional, como un médico o un escribano, realiza mala praxis o comente un error que afecta al consumidor no se puede hacer nada, tiene que recurrir a la justicia. Esto fue un reclamo de los colegios de profesionales”.

No todas las asociaciones de consumidores consideran negativa esta cláusula. El presidente de Consumidores Activos, Eduardo Szelepsky, está de acuerdo con que los profesionales hayan quedado excluidos. “Nos parece bien que no estén incluidos, porque para eso están los Colegios específicos. Los profesionales no son empresas y no pueden medirse de la misma forma”, indica.

Con el voto a favor de 197 diputados y sólo 6 abstenciones, se obligará a las empresas a habilitar un registro de reclamos, el usuario podrá rescindir el contrato por teléfono o por e-mail, se condenarán las "prácticas abusivas" y se protegerá a los extranjeros contra la discriminación y las diferencias de precios.

Szelepsky considera que la ley “se va a cumplir”. “La nueva norma se va a poner en práctica en la realidad porque los consumidores nos vamos a encargar de eso. Es algo muy anhelado por nosotros y lo vamos a controlar”.

Las Organizaciones en Defensa del Consumidor coinciden en señalar que la ley es un avance. Ana María Luro, presidenta de ADELCO , dice que “hace dos años estábamos esperando estos cambios. Festejamos sobre todo la inmediatez del reclamo y que la defensa al consumidor se realice a través de la ley. La verdad que no tenemos críticas sobre la nueva norma”.

Las empresas más afectadas serán las Líneas Aéreas, que no podrán sobrevender pasajes, y las compañías de servicios públicos, ya que a partir de ahora los usuarios podrán hacer un reclamo tres años después de ocurrido el perjuicio. Se controlarán más las cláusulas de los contratos con entidades bancarias, además el Estado impulsará la organización de Tribunales Arbitrales de Consumo en todo el país, y si el consumidor llega a perder la demanda, no deberá abonar un solo peso.

Es probable que la bronca de los consumidores no desaparezca al comprar un producto con fallas o al contratar un servicio que no cumple con lo prometido, pero al menos tendrá nuevas herramientas para desahogarse y realizar su reclamo.