Medio centenar de militares y civiles fueron procesados acusados de crímenes perpetrados por el represivo "Operativo Independencia" durante el gobierno de la presidenta María Estela "Isabel" Martínez, viuda de Perón (1975-1976), que no resultó procesada. La Fiscalía había pedido la extradición desde España y detención de la ex Jefa de Estado, exiliada en España desde 1981.
La mayor novedad, según informó hoy el diario La Gaceta, ha sido el procesamiento con prisión preventiva, por primera vez, del general retirado Mario Benjamín Menéndez, 82 años, ex gobernador de las islas Malvinas durante la ocupación militar del archipiélago y guerra con Gran Bretaña, en 1982.
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas procesó al ex dictador Jorge Videla, que ya tiene tres condenas a cadena perpetua; el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; y más de 40 acusados por 269 casos de secuestros, torturas y desapariciones forzadas y homicidios, entre el 8 de febrero de 1975 y el 23 de marzo de 1976.
En la acusación de la Fiscalía se definió al "Operativo Independencia" como una "intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del gobierno civil en la provincia de Tucumán".
"La intervención fue comandada en primer lugar por (los fallecidos generales) Acdel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi", reseñó. Desde 1974 en Tucumán actuaba un foco guerrillero rural, la "Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez" del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, guevarista), en las sierras de Monteros, y a raíz de ello el Gobierno de "Isabel" Perón decretó combatirlo mediante el envío de efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Gendarmería.
El entonces coronel Mario Benjamín Menéndez "estuvo a cargo de la tristemente célebre 'Escuelita' de Famaillá (...) en carácter de Jefe de Estado Mayor del llamado Puesto de Comando Táctico que funcionaba en esa localidad".
Otros centros clandestinos de detención, impuestos por las fuerzas armadas y de seguridad en Tucumán funcionaron en "el Ingenio La Fronterita, en los ex ingenios Santa Lucía y Lules, en Caspinchango y en Los Sosa, todas localidades del sur de la provincia", informó la agencia DyN.
