Una sobrina del ex presidente Carlos Menem fue procesada por amenazar a una candidata a legisladora porteña para que renunciara a su postulación y le permitiera ocupar su lugar en la lista partidaria, confirmaron hoy fuentes tribunalicias.
La medida contra María Isabel Siman Menem, que incluyó un embargo de 10 mil pesos sobre sus bienes, la dictó el juez de instrucción Marcelo Conlazo Zavalía, ante la denuncia formulada por Mirta Susana Gallardo.
En septiembre de 2005, cuando promovió la acción penal, la denunciante sostuvo que hasta principios de ese mes ocupaba el primer lugar de la lista 503 del partido "Frente Popular" como candidata a legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para las elecciones del 23 de octubre de ese año.
Gallardo afirmó que el 3 de septiembre de 2005, día de presentación de las listas, recibió "reiteradas amenazas telefónicas" que tenían por objeto obligarla a renunciar a su cargo, para que sea ocupado por Siman Menem.
La denunciante dijo que la sobrina del ex mandatario la citó en las instalaciones de un gremio para "conversar", pero "como ya había recibido amenazas en varias oportunidades", concurrió con dos colaboradores del partido, Salvador Pérez y Fernando Salazar.
Gallardo aseguró que, en presencia de Pérez y Salazar, la imputada le dijo: "Si no renuncias, te van a tirar del octavo piso" y que por terceros supo que "se habían planeado barbaridades en su contra, como pisarla con un auto e ir al colegio donde concurre su hija menor".
La denunciante adujo que, temiendo por su integridad física y por la de su familia, el 27 de septiembre de 2005 renunció a su cargo, el que inmediatamente fue ocupado por Siman Menem.
En la indagatoria, Siman Menem, quien no llegó a ser legisladora, negó haber proferido amenazas y la reunión en la sede del Sindicato de Trabajadores del Automóvil Club Argentino (SUTACA).
Conlazo Zavalía concluyó, en cambio, que "los elementos de juicio reunidos a lo largo de la investigación permiten tener por acreditada la existencia de un hecho delictuoso y la autoría y consecuente responsabilidad criminal que en orden al mismo le cupo a la imputada".
El Código Penal prevé hasta cuatro años de reclusión o prisión para el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.