“Recibo la visita de mi concubina y de mi hija, siendo esto un gran sacrificio para ellas, pero nos amamos y apostamos a un futuro diferente al pasado ya enterrado donde convivíamos con el monstruo de la adicción a la cocaína. Tanto es lo que apostamos que hemos decidido casarnos. Pero pareciera que todo esto es poco para la Junta Criminológica.
Convivo con violadores seriales, asesinos reincidentes, vendedores de droga, que tienen más puntaje que yo y salen de transitoria”. En junio de 2007 Pablo Díaz, condenado a doce años de prisión por violación agravada por el uso de arma, ya había pasado los primeros seis años en prisión y reclamaba indignado al juez de ejecución por las salidas transitorias.
A cinco meses de aquella carta, en la que decía sentirse “discriminado”, el Consejo Correccional del servicio penitenciario, falló, por unanimidad, a que comenzara a gozar de ese beneficio. Un año y siete meses más tarde, ese mismo hombre sería procesado bajo la carátula “homicidio criminis causa y tentativa de abuso sexual” por el crimen de Soledad Bargna, una joven de 19 años que fue apuñalada luego de un intento de violación el pasado 22 de mayo.
¿Qué falló para que cinco profesionales del Servicio Penitenciario Federal y un juez de ejecución no se percataran, después de al menos diez entrevistas con Díaz, de que éste estaba tan cerca de reincidir y, aún peor, de acabar con la vida de su próxima víctima?
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