“Z” era el nombre “de combate” de Mirian Irala mientras formó parte de la fuerza de seguridad que vigila Urkupiña, una de las tres ferias que componen La Salada. Su trabajo era detener mecheras y pungas, y someterlos a tácticas de torturas para las que había sido preparada “por ex policías retirados y exonerados”.
“La soldado Irala” trabajó unos diez años para la empresa Vae Soli Seguridad. Lo hizo hasta el 1º de octubre de 2012, cuando decidió dejar su puesto de supervisora en la Unidad de Combate Urkupiña, pese a haber ganado diplomas de honor por su “destacada tarea”. “Dejé todo cuando me di cuenta que lo que estábamos haciendo era vulnerar los derechos humanos de las personas. Eramos títeres”, explica.
“Nos obligaban a pegarles con la tonfa en los tobillos, en los muslos y las costillas a las mecheras; a los pungas les poníamos la mano sobre una mesa y le pegábamos con una taza de café en los dedos. Salían destrozados”, revela Z a PERFIL.
“Los deteníamos y les poníamos precintos en las manos, luego los llevábamos a una especie de container revestido con madera, a la que le llaman “jefatura”. Los sentaban en el piso, les sacaban las zapatillas y las medias, y les pegaban en las plantas de los pies. Podían permanecer privados de su libertad por 12 horas sin comer o ir al baño”. Allí, los interrogaban y les sustraían sus celulares, documentos y bienes personales. “Si tienen hijos menores, también los dejan encerrados”, denunció un testigo en la causa judicial, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 12 de Lomas de Zamora.
En la demanda que Irala realizó contra sus empleadores, su abogada Mónica Frade describió: “El lugar funciona como un Estado dentro del Estado, o como un Estado paralelo; el que como tal se dicta normas, designa sus autoridades y estructura su propio poder policial y judicial”.
En acción. La denuncia que presentó Z en la Justicia revela que “el ‘servicio de vigilancia’ está organizado, mediante un ‘servicio de calle’, al que se encuentran afectados unos 45 vigiladores en las cuadras perimetrales, a modo de cordón de seguridad para la prevención de robos al momento del ingreso y egreso de los puesteros. Esto cubre treinta cuadras a la redonda. Los vigiladores de pie son reforzados con el apoyo de seis camionetas, cinco autos y ocho motos. Existen los llamados puestos fijos en las distintas esquinas”, indica la denuncia. “Este esquema propio utilizado por Vae Soli Seguridad se complementa con la contratación de tres patrulleros de la Policía de Avellaneda, con más de cuatro o cinco personas del Servicio Penitenciario (denominados en la jerga “candados”). Por su parte, internamente el mismo servicio de seguridad al que perteneció Irala estaba estructurado mediante un jefe de seguridad, cinco supervisores y más de setenta vigiladores.
Entre todos ellos estaban encargados del control de la seguridad de un portón principal con acceso al predio ferial, lugar por donde ingresan y egresan micros y autos particulares, y seis portones de ingreso exclusivamente para el público. El interior de la feria constaba de quince pasillos, con 120 puestos cada uno, en los que se comercializan distintas prendas de vestir y accesorios. Por cada pasillo hay dispuesto un mínimo de dos vigiladores que deben recorrerlo permanentemente e “identificar personas raras o sospechosas”.
Los hombres y mujeres contratados “eran capacitados en prácticas parapoliciales” y portaban armas de fuego, pese a no tener el permiso del Renar.
Como jefe de seguridad, “Alfa” –Facundo Coria– tenía a su cargo un ejército de entre cincuenta y setenta hombres que controlaban los pasillos de la feria con uniforme de guerra. “No teníamos permiso para portarlas, pero nos daban pistolas 9 milímetros, escopeta calibre 12.70 y Bersa calibre 22. El arsenal era conocido como la Unidad 101 y funcionaba una especie de comisaría a la que le decíamos AA por Averiguación de Antecedentes. A las personas que deteníamos las llevábamos ahí, les sacaban una foto y hacían un especie de prontuario”, reconoce Alfa, que vigilaba un perímetro de treinta cuadras que rodean la feria.
“Eramos parte de un Estado paralelo que funcionaba con la complicidad policial”, explica Pedro Coria, padre de Alfa y coordinador del “área de control de autos y micros”. “Mi tarea era ordenar los vehículos que llegaban a la feria. En la calle quedamos en medio de tiroteos. La Salada es tierra de nadie. Trabajar ahí es muy peligroso, es un lugar donde se concentra muchísimo dinero, ubicado en medio de una zona de mucha pobreza”, concluye.
