En el país, se estima que unas cien mujeres mueren cada año, producto de complicaciones en abortos clandestinos, práctica que según Amnistía Internacional, llegaría a los 450 mil al año. Pese a que en el país el aborto es legal en circunstancias como cuando corre riesgo la salud o vida de la mujer; o cuando es producto de una violación, tal como lo establece el artículo 86 del Código Penal; su acceso en gran parte del país muchas veces no está garantizado, ni es abordado como problemática de salud, tal como establece el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación elaborado en 2015.
Esto podría modificarse abierta la posibilidad de que el debate de la despenalización del aborto llegue al Congreso en los próximos días.
En ese contexto, la ciudad de Rosario, en Santa Fe, podría servir de caso testigo de cómo a partir de la aplicación de políticas se logró reducir la mortalidad materna por causas vinculadas al aborto a cero desde 2012. Tal como sucedió en Uruguay, a partir de su despenalización.
En la provincia de Santa Fe, si bien la mortalidad aún no es cero, se vienen registrando descensos en los registros, acompañados de acciones tanto a nivel de garantizar el acceso; como a la aplicación de políticas de prevención de embarazos no deseados.
“A nivel municipal, desde 2012 se cambió la modalidad de atención. Se empezó a comprar Misoprostol como insumo y a realizar la técnica de aspiración manual endouterino (AMEU). Desde entonces no hubo más muertes por causas obstétricas –donde se consideran aquellas vinculadas al aborto–, ni por complicaciones. También se logró que la atención no esté solo en los hospitales, sino en los centros de salud, que son el primer nivel de atención”, explica a PERFIL Daniel Tepazz, coordinador del área de Salud sexual y reproductiva de la municipalidad.
Además, se logró que de las más de 600 internaciones de mujeres por cuestiones vinculadas al aborto (incluso los abortos espontáneos), se baje a 169 en 2016. “Todo va acompañado de una política de anticonceptivos que lleva más de veinte años, la elaboración de guías de atención desde 2007, que fue la primera en todo el país, y la correcta implementación a lo establecido en el protocolo del Ministerio de Salud”, aporta Tepazz.
En 2013, la provincia de Santa Fe amplió a todo el territorio provincial lo iniciado en Rosario, garantizando así el acceso de las mujeres al Misoprostol –que es la segunda opción recomendada por la OMS para la interrupción de embarazos– y a la técnica de AMEU. Todo esto de acuerdo a lo establecido en los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud, algo que, sin embargo, no pasa en todo en todo el país.
“Se tomó como una política de salud pública, y en ese sentido, fue importante la adhesión al protocolo considerando el Fallo FAL de la Corte Suprema de 2012 –que ratificó lo establecido en el artículo 86 del Código Penal–. A partir de eso generamos resoluciones de gestión en salud sexual, con capacitaciones con el foco puesto en la prevención; generando instructivos tanto para la realización de las prácticas como para sus registros –para poder diferenciar, por ejemplo, abortos espontáneos de abortos médicos– logrando mejores indicadores que permiten direccionar mejor las acciones”, explica Oraldo Llanos, coordinador del área de Salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud provincial. “Todavía hay muertes por aborto en la provincia. No es la primera causa de muerte materna, como ocurre en otros lugares. Suponemos que cuando se pueda debatir más ampliamente esto tiene que mejorar: son muertes totalmente evitables”, agrega.
Así, con el foco en los sectores más vulnerables, desde 2016 se viene trabajando sobre todo en los embarazos no intencionales de adolescentes entre los 10 a los 15 años, donde existen situaciones de violencia intrafamiliar, abuso y embarazo forzado. “Hemos logrado pasar de cifras como 0,7% de mujeres de 15 años con embarazados no deseados, forzados, o interrupciones sin las calidades necesarias; a 0,4 % finalizado el 2016. Entre otras cosas, mejoramos el acceso a los insumos de salud sexual y sumamos un trabajo interseccional fuerte con las escuelas de las regiones que detectamos se daban los mayores casos, agrega.
También en la universidad
En Rosario, el año pasado, el aborto como cuestión de salud llegó a la universidad. Este año, en el segundo cuatrimestre, se realizará la segunda experiencia de la cátedra libre sobre el aborto en la Facultad de Medicina, que el Consejo Directivo de la UNR aprobó por unanimidad el año pasado.
La experiencia, para los impulsores de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, fue positiva, ya que de los 140 estudiantes que se anotaron inicalmente, terminaron 120. “Hubo muy bajo porcentaje de abandono a lo largo del cursado y la materia, y los resultados fueron positivos analizando lo que fue adquisición de conocimiento, qué se sabía previamente sobre interrupción legal del embarazo y qué se sabe cuando se termina el cursado”, dice Raquel Tizzani, una de las responsables del proyecto.
Este año, la experiencia se replicará en la Universidad de Comahue, donde el Consejo Directivo también aprobó la realización de una cátedra libre.
