Tras 22 días de conflicto en la línea 60 de colectivos, la solución parece lejos de encontrarse. Si bien algunas unidades circularon durante esta semana, el resto de la flota de colectivos de una de las líneas más utilizadas del transporte urbano –traslada a unos 250 mil pasajeros por día– se encuentra inmovilizada en las cabeceras de Escobar y Tigre.
Mientras tanto, en Constitución, sede de la otra cabecera, continúa el acampe que realizan los choferes en reclamo de la reincorporación de los 53 despedidos por la empresa Dota-Monsa. Esta semana, la jueza María Servini de Cubría había ordenado el desalojo de las cabeceras e impedido el ingreso de los choferes en conflicto.
“Estamos solos, nadie nos apoya. Ni la UTA ni el Ministerio de Trabajo. El gobierno nacional espera que nos cansemos y levantemos el conflicto. Pero el lock-out lo hace la empresa, nosotros queremos trabajar pero la empresa nos niega ese derecho ya que impide con la policía que ingresemos a las cabeceras”, señaló Néstor Marcolini, delegado de los trabajadores. “El jueves fuimos hasta el ministerio y nadie nos recibió”, agregó el sindicalista.
“El conflicto está judicializado. Si ellos no aceptan la conciliación obligatoria nosotros no podemos hacer nada. Hicimos todo lo que está a nuestro alcance, pero no aceptaron ninguna propuesta”, aseguró por su parte Roberto Fernández, titular del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA).
SUBE, en todo el país. Ayer, además, el Ministerio de Transporte anunció que, a partir del 1º de abril de 2016, la tarjeta SUBE será obligatoria en los transportes públicos de todo el país. La resolución prevé que las capitales de provincias y las ciudades de más de 200 mil habitantes tienen un plazo de 180 días para comenzar a instalar el sistema o adecuar el que tengan vigente antes de fin de este año.
