Este miércoles 12 de abril se cumple un año del desembarco de la aplicación Uberen el país, una de las start-up más controvertidas a nivel global. Su llegada a la Argentina generó fuertes polémicas entre los gremios de taxistas que organizaron varias marchas y cortes en reclamo a que la plataforma dejara de funcionar.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña confirmó el lunes pasado el bloqueo a nivel nacional de las plataformas digitales a través de las cuales se accede al servicio de transporte. La resolución de los jueces de la Sala II de la Cámara confirma que Uber “organiza una actividad lucrativa sin autorización y que, entonces, se encuentra provisoriamente demostrada la materialidad ilícita" de su accionar.
El debut de la compañía en Argentina tuvo cifras contundentes: 90 mil descargas de la aplicación y 20 mil pedidos de viajesen las primeras 24 horas, con una base de 24 mil choferes registrados.
En una entrevista concedida a PERFIL el mes pasado el CEO local, Mariano Otero, aseguró que pese a las trabas aspiran a llegar a más ciudades argentinas a lo largo del año. “Hay un millón de descargas de la aplicación y más de cien mil personas anotadas para manejar, y eso es lo que la empresa ve en la Argentina: una oportunidad de crecimiento en base al interés de la gente”, consignó.
Por su parte, el legislador porteño Hernán Rossi del bloque SUMA+ECO es autor del único proyecto que propone regular el servicio privado de transporte de pasajeros con chofer. "Uber fue elegido por la gente pero negado por el Estado" destacó. Según consignó, este tipo de aplicaciones “son fenómenos muy comunes a las grandes urbes”.“Hay un vacío legal que es responsabilidad del Estado llenar, no digo solo el poder ejecutivo sin el legislativo. No tener la capacidad de controlar lo que termina siendo es que sigue funcionando igual la aplicación pero con serias falencias vinculadas a la seguridad tanto de los choferes, los dueños de los autos, como los propios usuarios”, advirtió Rossi en diálogo con Perfil.
Asimismo, el legislador explicó que su proyecto beneficiaría al Estado: “Establece que las plataformas a través de las cuales el dueño de un auto se pone un contacto con una persona para hacer un viaje determinado pague un 3% de lo que recaude, para que se derive a un fondo de movilidad sustentable”.
“Creemos que en ciudades modernas y evolucionadas el hecho de moverse con la mayor rapidez y calidad posibles se ha transformado en una de las demandas principales de los ciudadanos. Habida cuenta que está colapsado el transporte público cuando aparecen estas nuevas formas el Estado tiene que tomarlas y tiene que dar garantías a todos los que participan de ese proceso”, precisó, y concluyó: “Los taxistas tienen su mercado, el transporte público y los remises también. A nosotros no nos parece que monopolizar las formas de moverse sea apropiadopara una ciudad moderna, democrática, abierta y cosmopolita”.
El proyecto de Rossi fue presentado en la Legislatura Porteña en abril del 2016, pero por el momento ni se trató en la Comisión de Tránsito y Transporte, cuyo presidente es Claudio Marcelo Palmeyro, vocal titular actual del Sindicato de Peones de Taxis.
