El valor de nuestras universidades nacionales está fuera de todo debate: la vitalidad de la movilidad social argentina está relacionada con ellas.
Más del 90% de las actividades científicas de investigación y transferencia reside o está asociado a las universidades públicas. Más del 80% de los alumnos universitarios las elige para sus estudios. Por esto, se posicionan como las instituciones de mayor prestigio y confiabilidad social, según todo tipo de encuesta, a lo largo de décadas.
Sin embargo, en los últimos tiempos, desde instituciones universitarias privadas, se han difundido estadísticas en torno al supuesto rendimiento de los alumnos de las universidades nacionales y de los costes presupuestarios que, tal como podremos ver, resultan sumamente elementales y faltos de rigor científico, y sólo adquieren visos de realidad a partir de su repetición mediática.
Algunas de las críticas que podemos hacer a las simplonas cifras que se difunden son: para las supuestas estadísticas que pretenden relacionar inversión por graduado se computan gastos que no tienen incidencia en el costo de un egresado, como el funcionamiento de los hospitales universitarios, escuelas secundarias, proyectos de investigación y actividades culturales, entre muchos otros. A todas vistas, el indicador no expresa, ni de cerca, la realidad del complejo sistema universitario público argentino.
En su construcción, no se tienen en cuenta los multipropósitos que desempeña la universidad: la enseñanza, la investigación y transferencia, la extensión y la creación artística, así como otro numeroso conjunto de productos sociales. Tampoco contemplan la complejidad de las carreras ni los rasgos de diversidad entre universidades nacionales (tamaño, organización académica, antigüedad, ubicación geográfica, población estudiantil, entre otros).
Estas omisiones expresan más la idea que se tiene del rol de la universidad pública para quienes realizan esas estadísticas: mostrarlas como un simple enseñadero de repeticiones de doctrina y ciencia extraña. Nunca expresan el modelo de universidad pública que sostenemos: una compleja institución de conservación, creación y transferencia del conocimiento, involucrada con la sociedad.
En consecuencia, suponer que el costo de un abogado puede sumarse linealmente al de un astrónomo, un ingeniero agrónomo, un historiador y un arquitecto es desconocer las enormes diferencias de costos que reflejan todos los modelos de pautas presupuestarias desarrollados en países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia o Inglaterra.
Elaborar un indicador tomando el presupuesto total de las universidades nacionales, dividiéndolo por la cantidad de egresados, es una representación reduccionista de una realidad compleja como es la formación de profesionales.
Toda vez que el objetivo sea determinar el costo de un egresado, debe considerarse la sumatoria de los gastos en que se incurra, en el tiempo que demande la formación de una cohorte de estudiantes de acuerdo a cada carrera.
Estos elementos, que constituyen normas básicas en los estudios de costos educativos, según parámetros internacionales de la investigación, fueron obviados en los cálculos que suman graduados de carreras de diferente duración y complejidad, arribando a resultados sin ningún rigor metodológico.
En uno de los estudios que circularon en los medios en estos días se estableció una cifra de 18.829.886.175 pesos para 70.370 graduados, a un costo de US$ 64.634 o $ 267.584, como promedio del sistema. La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), aparecía muy cerca del promedio de las universidades nacionales. Se asignaban a la Unnoba $ 64.864.006 de presupuesto para 102 graduados, a un costo de US$ 153.600 o $ 635.000 (cotización del dólar de entonces, a $ 4,13).
La realidad es bien diferente. Si tomamos el año 2013, la Unnoba invirtió en la formación de estudiantes de pregrado y grado $ 86.135.419,90. Considerando que en ese ciclo lectivo cursaron 6.203 estudiantes en 24 carreras, la inversión anual por alumno fue de $ 13.886,09 o US$ 2314,3. Si asumimos que las carreras tienen entre su duración teórica y real un término promedio de seis años, obtendremos un costo de US$ 13.886, muy lejanos a los US$ 105.833 asignados.
A modo de comparación, el informe español Panorama de la Educación-Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2013 establece que el promedio de gasto por alumno en los países que componen la OCDE fue de US$ 13.528 en 2010 (Chile, US$ 9.580; México, US$ 7.872, y Suecia, donde las instituciones de formación superior son públicas y no aranceladas, US$ 20.750).
A la hora de simplificar, podríamos tomar como parámetro de análisis los datos referentes al Sistema Universitario según el presupuesto 2014. El presupuesto asignado ascendió a $ 29.544.448.617 sobre un total de 1.400.000 alumnos, por lo que el gasto por estudiante anual es de $ 21.103,18 equivalente a US$ 2.512,28 (cotización del dólar oficial a $8,4).Cifra que en sí misma no significa demasiado y, en el criterio que cuestionamos, significaría que tenemos una de las inversiones más bajas por estudiante del mundo. Por esto, debemos hacer el esfuerzo de mejorar nuestras instituciones a partir de debates consistentes y propositivos.
Es mucho lo que ha hecho el sistema universitario público: ha crecido en cobertura territorial y social, ha mejorado salarios e inversión y ha generado condiciones razonables para las actividades universitarias. De la misma manera, consideramos que queda mucho por hacer.
En primer lugar, debemos ponderar asignaciones presupuestarias para gastos, servicios e inversión, rubro que ha quedado rezagado en los sucesivos incrementos presupuestarios. A la importante cobertura territorial lograda se le debe sumar la pertinencia curricular que acompañe los desarrollos sociales y económicos de cada región y del país. Las denominadas “carreras prioritarias” son una herramienta adecuada en la medida en que las inversiones estén acompañadas por un sistema de incentivos institucionales auditable y transparente. En esta materia, la relación con el sistema productivo es determinante.
Además, las universidades se deben involucrar aún más y asumir responsabilidades institucionales concretas con el conjunto de instituciones educativas de la región a la que pertenecen. Formamos parte de un único sistema educativo y las universidades son un valioso recurso para interactuar con el resto de los niveles del sistema.
Debemos mejorar las tasas de graduación y la calidad de nuestros graduados, ya que ellos enfrentarán desafíos que ni siquiera imaginamos, por lo que los posgrados adquieren una dimensión determinante para las competencias laborales y sociales de las futuras generaciones. Un programa que involucre el ingreso, la permanencia y el egreso, sumado a actividades de formación y promoción docente, son herramientas que pueden llevarnos en esa dirección.
Entendemos que estos debates deben desarrollarse de buena fe, sin distorsionar cifras para sostener lo que de antemano pretendemos establecer. Finalmente, como en toda política pública, la rendición de cuentas de cara a la sociedad es una obligación y el veredicto popular, la sentencia a la que nos sometemos.
*Rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).
