El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un proyecto de ley que prevé la despenalización de las figuras de calumnias e injurias para las expresiones sobre temas de interés público. “Tengo la esperanza de que se apruebe por unanimidad en la dos cámaras”, dijo Horacio Verbitsky, el presidente del CELS.
En una conferencia de prensa, la iniciativa fue anunciada por Verbitsky junto a Andrea Pochak, directora adjunta del CELS; Damián Loreti, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y miembro de la Comisión Directiva del Centro; y el periodista Eduardo Kimel. El proyecto plantea modificaciones fundamentalmente en los artículos 109 y 110 del Código Penal relacionados con las calumnias e injurias.
El primero reza que: “La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años”. El CELS busca que este artículo sea reformulado con la siguiente propuesta: “La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con una multa de pesos tres mil a pesos treinta mil. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”.
Por su parte, el artículo 110 dice que “el que deshonrare a desacreditare a otro, será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil o prisión de un mes a un año”. La propuesta de reforma expesa que “el que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con una multa de pesos mil quinientos a pesos veinte mil. En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los califactivos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.
Según el CELS, “el proyecto presentado responde a la obligación de dar cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su fallo a favor del periodista argentino Eduardo Kimel en mayo de 2008, ordenó adecuar la legislación interna para evitar que el uso de estas figuras legales afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, inhibiendo la participación ciudadana o la labor periodística en el debate de los asuntos de interés público”.
Verbitsky manifestó que el proyecto ya fue entregado al oficialismo y también a los miembros de la oposición que tienen representantes en el Parlamento. “Esperemos que sea un trámite rápido y que nadie se oponga. Tengo la esperanza de que se apruebe por unanimidad en ambas cámaras”, aseguró el director del CELS.
