A diez meses de la explosión que derrumbó un edificio en Rosario, los familiares de las víctimas reclamarán que la Justicia provincial profundice la investigación del siniestro que provocó 22 muertes y dejó más de 60 heridos.
Los parientes y amigos de las víctimas se reunieron esta tarde en la esquina de Salta y Oroño, cerca del sitio donde estaba la torre de departamentos que colapsó tras el estallido causado por una pérdida de gas en la base del inmueble.
En diálogo con los medios locales, Eleonora López sostuvo que los familiares de quienes fallecieron en Salta 2141 no están conformes con el proceso judicial.
La hermana de Carlos López, una de las personas que murió en el derrumbe, argumentó que el procesamiento de los once imputados en la causa fue apresurado. Según explicó en una entrevista con la emisora Radio 2 de Rosario, pretenden que se involucre a los directivos más altos de la empresa Litoral Gas.
Desde fines del año pasado, la firma que brinda el servicio de gas en la ciudad acordó un resarcimiento económico con casi la mitad de los damnificados por la explosión ocurrida el último 6 de agosto.
Por desistir de continuar con acciones legales en lo civil y penal, Litoral Gas le pagará 1.200 dólares por metro cuadrado a las personas afectadas por el siniestro, llegando en algunos casos a ofrecer más de un millón de pesos.
La semana pasada, los familiares de quienes fallecieron durante la tragedia ratificaron su rechazo a la propuesta extrajudicial de la concesionaria y mantuvieron su voluntad de avanzar contra la compañía en el terreno judicial.
El 28 de febrero, la jueza Irma Patricia Bilotta procesó a once personas bajo la figura de estrago culposo, agravado por las muertes que causó la explosión en la base del edificio. La resolución alcanza a tres inspectores de Litoral Gas, su jefe y una gerenta de la firma.
En la misma situación se encuentra el gasista que fue a cambiar el regulador en la mañana de la tragedia, al igual que su ayudante y otro técnico que fue a hacer reparaciones dos semanas antes. Los tres procesados restantes pertenecen a los administradores del consorcio de Salta 2141, pertenecientes a la inmobiliaria Calvillo.
