La dicotomía entre la educación paga y la educación gratuita es una discusión de larga data entre dos corrientes con defensores y detractores.
Un sistema pago de educación es generalmente comprendido como un sistema en el que los beneficiarios directos de la educación (estudiantes) asumen los costos de impartir esa educación y sus actividades complementarias mediante el pago de aranceles de estudio, potencialmente bajo distintos modelos (un tema sobre el que volveremos más adelante), pero siempre teniendo en cuenta que son los estudiantes los que finalmente solventan la actividad.
En cambio, cuando se menciona un sistema gratuito de educación, la cantidad de aristas de la interpretación se multiplica. La definición mayormente aceptada como educación superior gratuita no hace referencia sino a la gratuidad (o su apariencia) de los servicios educativos, ya que no incluye en su financiamiento el pago directo de los “beneficiarios finales” o de sus familias.
También suele darse por entendido que los insumos necesarios para la educación tienen definitivamente un costo.
La pregunta es: ¿quién paga? Si bien la cantidad de combinaciones y los tipos de financiamiento son muchos, en general se pueden agrupar en las siguientes alternativas:
- El gobierno. Los gobernantes deben tomar decisiones en pos del bien común y optimizar los recursos del Estado. Cuando el gobierno asume pagar el costo de la educación superior, los que incurren en el costo de financiamiento de la educación son los contribuyentes, que aportan mediante el sistema de recaudación fiscal, sean éstos estudiantes o no.
- Las familias. Ausente el financiamiento del Estado o de terceras partes, una de las alternativas más frecuentes en la sociedad moderna (principalmente en las de origen latino en las que los hijos conviven y son económicamente dependientes de sus padres durante más tiempo) es que las familias paguen por la educación de sus hijos, lo que permite que los estudiantes se concentren en los estudios. Llamativamente, cuando esta modalidad coexiste en una sociedad con un sistema educativo financiado por el Estado, los padres pagan de manera directa (si utilizan una universidad privada) y de manera indirecta a través de impuestos (que eventualmente financian, por ejemplo, la universidad pública).
- Los estudiantes. La opción de autofinanciamiento (alumnos que pagan sus estudios con recursos propios) es bastante común. Los costos que debe afrontar el estudiante para obtener su educación universitaria abarcan los eventuales aranceles, materiales de estudio y otros costos asociados, como transporte y manutención básica.
- Otras fuentes de financiamiento. Existen diversos actores de la sociedad interesados en financiar el acceso a la universidad, independientemente del Estado o de los propios estudiantes. Entre ellos se encuentran: las empresas que asumen los costos de capacitación de sus empleados para eventualmente internalizar los beneficios de una fuerza laboral mejor calificada; las fundaciones y organizaciones no gubernamentales que promueven el desarrollo de la cultura, la igualdad de oportunidades y mayores niveles de educación; los individuos a través de donaciones de diferente índole; las propias universidades, utilizando el producido financiero y las rentas de sus endowments para garantizar una comunidad amplia y diversa en sus aulas, atrayendo a los mejores estudiantes y brindando alternativas y caminos hacia una educación superior de calidad a grupos de pocos recursos.
¿Se debe reembolsar el financiamiento recibido? En caso de optarse por un sistema arancelado, deberían existir opciones para que los estudiantes estudien primero, y al insertarse al mercado laboral cancelen las deudas y compromisos generados en la obligación de devolver total o parcialmente el costo de sus estudios. El hecho de que sea reembolsable implica una conciencia de que aquello a lo que se está accediendo no es gratuito sino que tiene un costo, pero que parte de la responsabilidad de que esas mismas oportunidades existan para una futura generación. Eso genera un sentido de pertenencia a la comunidad que implementó este sistema, una concepción de que “alguien paga la educación”, y un elemento de justicia (me prestan cuando no puedo pagar, pero devuelvo cuando puedo).
Se acerca también al concepto de intertemporalidad (los estudiantes eventualmente se vuelven egresados que acceden al mundo profesional, generando los recursos propios para poder pagar). Lo que hace el financiamiento es cubrir ese gap temporal (necesito la plata cuando no la tengo todavía, pero para conseguirla necesito haberla tenido antes para financiar mis estudios). Una alternativa es que los egresados paguen mediante un esquema de repago basado en los ingresos luego de estudiar. Otra opción es generar un impuesto para los graduados que accedieron con financiamiento del Estado.
El diseño de los sistemas de repago debería contemplar la eximición de tal impuesto a quienes –ya sea por la índole disciplinaria o por la aleatoriedad de los ingresos efectivamente percibidos– no alcancen como graduados un ingreso superior a la media, o bien cuando por la orientación del trabajo profesional su contribución a la sociedad compense los beneficios recibidos.
El precio de los aranceles de estudio
El precio de los aranceles de estudio merece atención. Puede actuar como un diferenciador social y también como un factor de exclusión.
Si bien muchos factores hacen a la toma de decisión, es cierto que en términos generales quien más paga más exige por aquello que paga. Mantener un nivel de precios adecuado para sustentar el financiamiento de la educación es uno de los factores que obligan a la universidad a participar en la competencia por atraer a los estudiantes en virtud de un mejor servicio y prestigio, lo que redunda en un mejoramiento de la calidad.
Sin embargo, los estudiantes no siempre seleccionan la universidad de mayor calidad donde estudiar (a veces por carecer de información para ponderar las instituciones). Mientras algunos estudiantes privilegian la obtención de la mejor educación posible, otros sólo buscan obtener credenciales en el falso supuesto de que les facilitarán el acceso al empleo. En estos últimos casos, la mejor oferta será la que proponga el camino más fácil.
Todo sistema de financiamiento debe ofrecer alternativas gratuitas, o bien un fondeo, que posterguen el pago hasta el momento en que se cuente con recursos suficientes, y también debe existir un sistema de evaluación de calidad universitaria.
*Director de Desarrollo Institucional, Universidad de Palermo (UP). / Fragmento del libro Financiamiento de la universidad (Universidad de Palermo).
