A la hora de poner en el centro del debate el diseño y fortalecimiento de políticas universitarias inclusivas, es impostergable visibilizar y comprender la complejidad de la situación de discapacidad en nuestras universidades, ideando escenarios y políticas que prioricen el derecho a la educación para todas y todos en la República Argentina. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) hace foco en la responsabilidad del Estado y de la sociedad, en pos de la reflexión y resolución de las barreras –políticas, culturales, tecnológicas, de infraestructura y transporte, comunicacionales, educativas, etc.– que se anteponen entre la persona en situación de discapacidad y su plena inclusión en la sociedad.
Los sectores de la población cuyas condiciones de origen se presentan en estado de vulnerabilidad en términos no solo de capital económico sino también simbólico, como las poblaciones originarias, los afro-descendientes, los habitantes de zonas rurales, migrantes y las personas con discapacidad, entre otros, son colectivos habitualmente excluidos de los bienes educativos y culturales, y a través de ellos se evidencian injusticias históricas.
Instituciones de resguardo. En este orden de ideas, posicionar el rol de las universidades públicas argentinas como instituciones críticas de la sociedad permite dimensionar y reflexionar sobre su compromiso en pos del resguardo y fortalecimiento del ejercicio efectivo de los derechos estructurantes de la condición humana.
A partir de las Declaraciones de la Conferencia Regional de Educación Superior de 2008 y 2018, donde se define la educación superior como “… un bien público y social, un derecho humano universal y un deber del Estado” –y en el marco de un proceso de desfinanciamiento de las universidades públicas argentinas–, se hace impostergable resignificar este legado en el debate actual sobre el rol ineludible del Estado, para hacer efectivo y real el derecho a la educación superior en pos del desarrollo social, político, económico y cultural del pueblo argentino para una mayor justicia social y autodeterminación.
Espacio plural. Resulta fundamental, a partir de este posicionamiento, poner en valor la construcción de la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) –ex Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos–, perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que en consonancia con la transformación de las normativas sobre los derechos de las personas con discapacidad a nivel regional e internacional gestó, desde 1994, este espacio plural, transdiciplinario y participativo del Sistema Universitario Nacional, donde la voz de los sin voz es el motor que orienta las acciones.
Desde esta red interuniversitaria se incidió en la agenda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a partir de la producción del documento que luego fue aprobado por el conjunto de rectores/as, dando creación así al Programa Integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas mediante la Resolución del CIN N°: 426/07.
El Sistema Universitario Nacional avanza en la construcción de la política universitaria de accesibilidad y discapacidad, siendo su mayor desafío lograr consolidar equipos interdisciplinarios y figuras institucionales (como por ejemplo intérpretes de lengua de señas argentinas, apoyos académicos, entornos virtuales accesibles, mobiliario accesible, etc.) que den respuesta al ejercicio efectivo del derecho a la educación, a partir de la transversalización e institucionalización de la perspectiva de discapacidad desde un enfoque multidimensional, transdisiciplinario, integral e integrado a toda la dinámica de cada universidad.
La demanda por parte de las personas en situación de discapacidad en pos del ejercicio efectivo de derechos existentes en las normativas visibiliza el sostenimiento de estructuras y prácticas institucionales, así como concepciones ideológicas que retroalimentan una matriz de exclusión y obstaculizan la transformación cultural que hay que librar, para el reconocimiento pleno y operativo de tales derechos.
Conquistar efectivamente los derechos consagrados en las normativas vigentes implica profundos cambios en la estructura social acortando brechas entre las distintas posiciones que ocupan las personas, a través de un rol activo del Estado y a través de la participación y representación política de las personas con discapacidad.
Las universidades públicas tienen que impulsar y avanzar en las transformaciones ideológicas y culturales que trasciendan la estigmatización y la discriminación, para impulsar un activismo por la defensa de los derechos estructurantes de la condición humana, habilitando nuevas formas de ser, habitar y convivir en la vida universitaria. En pos de ello, el aporte científico y la responsabilidad social inherentes a la universidad pública argentina brindan el marco propicio para estimular en las autoridades, docentes, personal administrativo, estudiantes, graduadas/os y comunidad en general la interpelación y reflexión de lógicas homogeneizantes y hegemónicas que constituyen barreras, contribuyendo así, a la democratización de nuestras universidades y a la formación de nuevos perfiles profesionales que cuenten con herramientas teóricas, metodológicas y de gestión para la construcción de una universidad y una sociedad no excluyentes.
El camino emprendido desde la Red del CIN a nivel nacional y desde la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos a nivel latinoamericano tiende puentes en nuestra región, priorizando la solidaridad y el respeto a la dignidad humana como los principios organizadores de la lucha por universidades latinoamericanas no excluyentes, reflexionando y accionando sobre la injusticia ejercida hacia aquellas personas que estuvieron históricamente concebidas bajo los lentes de la lástima, la compasión y la exclusión.
Caso UNLA
En el marco de la construcción de política universitaria de discapacidad y accesibilidad, la Universidad Nacional de Lanús como Universidad Urbana Comprometida, creó desde el año 2013 el Programa de Inclusión Universitaria para Personas con Discapacidad (perteneciente a la Secretaría de Bienestar y Compromiso Universitario) y la Comisión Asesora de Discapacidad (perteneciente al Vicerrectorado) para avanzar en el análisis integral del modelo social de la discapacidad, haciendo hincapié en la formación de nuevos perfiles profesionales, interpelando y reflexionando sobre las lógicas homogeneizantes y hegemónicas de la praxis académica, así como también promocionar e impulsar la investigación y vinculación tecnológica en la temática. Todas las dimensiones de trabajo mencionadas requieren de la articulación con el diseño, planificación y ejecución de las decisiones políticas y académicas pertinentes, que contribuyan a efectivizar los derechos humanos de todas las personas, redistribuyendo la riqueza no solo económica sino también educativa y cultural y comprendiendo globalmente las condiciones de vulnerabilidad relativas a la discapacidad.
*Coordinadora de la Comisión Asesora de Discapacidad (Vicerrectorado) y del Programa de Inclusión Universitaria para Personas con Discapacidad (Secretaría de Bienestar y Compromiso Universitario) Universidad Nacional de Lanús (UNLA).
