Casi todos los días, algún sector de la sociedad argentina realiza una acción directa en defensade sus “legítimos reclamos”. El problema no son los reclamos, difícilmente se encuentreun caso en donde el mismo no responda al calificativo de “legítimo”, la cuestión pasaporque toda demanda se canaliza en forma de acción directa. En un país que funciona en democracia,con la plena vigencia formal de sus instituciones y en un momento económico dónde“sobra”, que cada grupo que reclama algo prefiera recurrir a este tipo de accionesindica, claramente, que la crisis de representatividad política, que tuviera su punto máximo enaquel “que se vayan todos” de 2001, no ha sido plenamente superada y que se presentanclaras fallas institucionales que hay que corregir.
La reforma política, que en principio debería haber contribuido al avance de larepresentatividad y la participación orgánica de los ciudadanos, quedó reducida a un artilugio parafavorecer las aspiraciones electorales del oficialismo y, complementariamente, de los partidostradicionales. Tampoco las figuras de la “nueva política” han encontrado mecanismos departicipación ciudadana más amplia, más allá de la ilusión óptica que generan los twitters y losfacebooks.
Mientras, paradójicamente, la Constitución Nacional consagra el monopolio de los partidospolíticos y, como se mencionara, se desaprovechan las nuevas tecnologías que democratizan elejercicio de la opinión y el poder.
En ese contexto, no sólo es necesario aplicar la ley, para impedir que la protesta por esoslegítimos reclamos se convierta en una invasión al derecho de los demás, o en la destrucción debienes públicos o privados, también resulta imperioso que la política realice una fuerteautocrítica y reexamine su imposibilidad de instrumentar, en la convivencia republicana, losdebates sobre las necesidades de la población.
Con este panorama, el Ejecutivo acaba de presentar su proyecto de presupuesto para el añopróximo. En la práctica, el Presupuesto nacional, como el del resto de los niveles de gobierno, esun pedido de autorización a gastar, en base a proyecciones de ingresos. En ese sentido, elpresupuesto se convierte en un “relato” de las prioridades que, en este caso, estableceel Ejecutivo respecto del uso de los recursos públicos.
Por lo tanto, la discusión del Presupuesto en el Congreso Nacional, es una buena oportunidadpara que la sociedad, a través de sus representantes, canalice y debata abiertamente aquelloslegítimos reclamos que involucran gasto público. En la Argentina, en cambio, por lo expuesto másarriba y por el desprecio que las autoridades han tenido de este instrumento, no se discutenprioridades y asignaciones de gasto. Por el contrario, el Ejecutivo presenta una caricatura depresupuesto, que a lo largo del año irá modificando a su antojo, mientras diputados y senadoresaprueban o se oponen a dicho dibujo.
En 2011, por ejemplo, entre la subestimación de ingresos y lo que ya está fuera del Presupuestopor artilugios varios (fondos fiduciarios, etc), no se discuten, en el Congreso, al menos, $ 100mil millones. A lo que hay que sumar, como se mencionara, el hecho de que, al menos hasta este año,los poderes especiales le permiten al Ejecutivo reasignar partidas a su antojo a lo largo del año.
No debería sorprendernos, entonces, que sin una clara representación política y sin elinstrumento presupuestario bien diseñado y seriamente debatido, las demandas por aumentos de gastoo por cambios en las prioridades en el mismo se trasladen del Congreso a las calles y rutas delpaís.
En otras palabras, sin representatividad política, sin el uso pleno de las institucionesrepublicanas y sin un Presupuesto que inste a debatir, legítimamente, prioridades de gasto, dadaslas proyecciones de ingreso, e integre “sume y reste” las distintas aspiraciones dediversos sectores de la sociedad, todo reclamo se transforma en una acción directa y cadamodificación del gasto se trata de manera aislada, esporádica y desordenada, tanto dentro comofuera del Congreso (como ha sucedido este año con las jubilaciones o con ciertos subsidios).
Insisto, lo dicho no justifica violar la ley, pero implica que el problema es mucho más amplio yque la deuda más importante que tiene la política con la sociedad es liderar la recuperación de lasinstituciones centrales de una democracia plural, entre ellas, el Presupuesto.
