La Presidenta nos acaba de informar que ha decidido reabrir negociaciones con el Club de París.Y a este anuncio lo presenta como un éxito de su gobierno.
Veamos la verdad. Ni ingenuidades ni especulaciones fundadas en mezquinas razones políticas. Elargentino debe saber que el primer Club de París comienza en 1956. Son países europeos que decidenprestarles a empresarios argentinos y estas deudas reciben una suerte de garantía estatal de pago.El Club de París es un nombre de fantasía que tiene como código la necesidad del consenso entretodos los acreedores para llegar a un acuerdo con el país deudor. Hoy se habla de 7.500 millones dedólares de deuda. Deuda que proviene en parte de operaciones contraídas durante la dictaduramilitar y que incluye intereses fijados unilateralmente por los acreedores.
En 1983, conjuntamente con Adolfo García Vázquez y Carlos Alberto Mirson, me toco participar enParís, en representación de la Multipartidaria, de una negociación con el Club de París y advertícon enorme sorpresa que no existían registros contables serios del monto de esa deuda a tal puntoque se hablaba de “deuda presunta”. También, que el origen de toda esa deuda eraprivado. Es decir, prestamos a empresarios privados con una especie de garantía estatal. El Club deParís llego a tener en esa época en la que participé, como abogado de cobro, al mismo AlainRouquie. Nuestros negociadores deben saber cuatro cosas: a) que parte de la deuda proviene delterrorismo de Estado; b) que los intereses de la deuda que se nos pretende cobrar fueron fijadosunilateralmente por los acreedores; c) que el origen de la deuda siempre es privado; y d) que losregistros contables de esta deuda argentina a la salida del terrorismo de Estado eran inexistentesen términos de legalidad contable internacional
Ese es el contexto de la realidad de la deuda argentina con el Club de París y si el Gobierno mequiere corregir, con gusto escucharé sus argumentos.
Pero también es cierto que solucionar este problema es importante para la Argentina, a fin deregresar a los mercados voluntarios de deuda. Pero debemos medir costos y beneficios. En losmercados voluntarios de deuda y en las agencias calificadoras de riesgo, pesa más en las decisionesde inversión y de préstamos la medida del nivel de corrupción que hay en Argentina que un eventualarreglo con el Club de París. En los últimos informes de Transparencia Internacional, la Argentinafigura en el cuadro de honor de la corrupción internacional. Y el último informe del Gafi enmateria de lavado de dinero es demoledor para la Argentina. Estos son los verdaderos indicadores deseguridad jurídica a nivel internacional. Estos son los datos que deciden cuál es el “riesgopaís” y cuál es la tasa de interés que la Argentina pagará en los mercados voluntarios dedeuda. Un acuerdo con el Club de París tiene importancia pero sólo secundaria. La Argentina hoypaga en el orden internacional más intereses que Grecia que, como se sabe, es un país en default. Yeso sucede por los índices de corrupción y por la ausencia de controles al lavado de dinero más quepor la deuda con el Club de París. Al primer mundo se ingresa con calidad institucional, conrespeto a la ley y con bajos niveles de pobreza más que con equilibrios fiscales. El llamado modeloK de “crecimiento con inclusión” no es más que una frase política.
La Argentina de 2010 nos muestra una realidad de un 30% de compatriotas en situación de pobrezaestructural. Con un coeficiente de Gini de 50,4 y con una brecha distributiva del ingreso entre eldecil más rico y el más pobre de 31,6. Como es sabido, la única verdad es la realidad.
Esto no significa que no haya que negociar y acordar con nuestros acreedores del Club de París.Pero no del modo que lo está haciendo el Gobierno. Nuestros negociadores deben poner sobre la mesade negociación las cuatro características que tiene esta deuda y que las hemos desarrollado másarriba. Y sobre todo, deben saber que sus decisiones de pago no pueden tomarse a costa de unaumento de la pobreza o de la brecha distributiva del ingreso. Y si finalmente se logra un acuerdo,el Gobierno debe saber que tiene dos obligaciones legales: 1- no ceder jurisdicción frente aeventuales conflictos con los acreedores y 2- iniciar de inmediato acciones judiciales derepetición de lo pagado contra los originales tomadores de la deuda que fueron empresariosprivados.
*Diputado nacional. Presidente de la Comisión de Legislación Penal, CoaliciónCívica-Córdoba.
