La decisión final respecto de la creación del Fondo del Bicentenario y del “despido”del presidente del Banco Central la tendrá el Congreso de la Nación, o la Justicia. Y así debe ser.Porque la Constitución Nacional establece que es el Congreso el responsable final delfuncionamiento del Banco Central y porque la ley que regula las actividades de dicha entidad indicaque el único que puede autorizar al presidente del Banco Central a apartarse de lo establecido, ydentro de ciertos límites, por esa misma norma, es el Congreso. Esto surge de la lectura simple yllana de la letra de dichas normas. Todo lo demás es otro mamarracho institucional de proporciones,a los que nos tienen acostumbrados los Kirchner y toda su corte de empleados, adulones ycortesanos, comprados y/o apretados.
Dicho y aclarado esto, quiero ir al “espíritu” de la independencia del Banco Centralrespecto del Poder Ejecutivo y su dependencia última del Congreso.
La autarquía del Banco Central no es un capricho de la derecha oligarca ni un preciosismotécnico. Rige en los principales países del mundo desarrollado y también en los emergentesexitosos. Esto no significa que el presidente del Banco Central es un “enemigo” delpresidente/a de la Nación. Ni que tiene que llevar una política contraria a la del Gobierno. Alcontrario, los presidentes y ministros de Economía se reúnen y consultan con los presidentes debancos centrales sus políticas y sus acciones. En algunos casos, dependiendo de la coincidencia delos períodos de mandato respectivos, es el propio Poder Ejecutivo de turno el que los nombra, conacuerdo del Senado. Tal fue el caso, dicho sea de paso, de Martín Redrado, nombrado por NéstorKirchner en su primer mandato. Pero como el Banco Central es el custodio de la calidad del bienpúblico económico más importante, la moneda de curso legal, y como el Poder Ejecutivo puede verse“tentado” de recurrir al Banco Central para pedirle que emita dinero para financiar sugasto, la ley le exige al presidente del Banco Central que, entre hacer lo que le pida el PoderEjecutivo y hacer lo que le obliga la Carta Orgánica, siempre tiene que hacer lo que le obliga laCarta Orgánica que es, en el caso argentino, “defender el valor de la moneda”.
Es decir, evitar que la inflación desborde. Y como la inflación es, al final del día, unimpuesto (de los peores, porque lo pagan los sectores de ingresos en pesos que no pueden eludirlofácilmente), el custodio final y quien, eventualmente, puede permitirle al presidente del BancoCentral desviarse transitoriamente de este mandato exclusivo es el Congreso, en donde están,precisamente, los representantes del pueblo, que fijan los impuestos.
En otras palabras. La independencia del Banco Central significa ponerle un límite explícito alfinanciamiento del gasto público con emisión monetaria o activos del Banco Central (que soncomprados con emisión o deuda de corto plazo). Todo lo demás es accesorio. Es más, en algunospaíses, el resto de las funciones que conserva el Banco Central de la República Argentina,vinculadas con el sistema financiero, pertenecen a otra u otras entidades públicas. Y de esto setrata toda la discusión de hoy.
El Gobierno necesita, entre pesos y dólares, para seguir con su populismo, comprar voluntadespolíticas, pagar gasto corriente y deuda que vence, algún número entre US$ 12 mil y US$ 20 milmillones, dependiendo de los supuestos que se hagan sobre la evolución del gasto, los ingresos ylos subsidios a las tarifas públicas en 2010. Como no tiene ese dinero, y es difícil que consigacrédito a tasas razonables por ese importe, le ordenó al Banco Central que separe unos US$ 18 milmillones de “reservas excedentes”. Una definición arbitraria y más virtual que un“avatar” y que, por ahora, arme un “fondito” de US$ 6.500 millones parapagar deuda externa que vence este año. Y el presidente del Banco Central respondió: “Que melo ordene explícitamente el Congreso” que es lo que le exige la Carta Orgánica.
En síntesis, lo que establecen la Constitución Nacional y la Carta Orgánica del Banco Central noes que Cristina no pueda gobernar. Lo que indican es que no pueda gobernar violando elfuncionamiento de la República y estafando a los tenedores de pesos.
De eso se trata, precisamente, la seguridad jurídica que ella y su Gobierno tanto defienden.
