Hace unos días, a través de un juicio abreviado, los principales imputados por el affaireIBM-Banco Nación admitieron su responsabilidad, aceptaron ser condenados a una pena en suspenso yconsintieron la devolución de una parte de los sobornos.
En un sistema político que encubre la corrupción y un sistema judicial que oscila entre lacomplicidad y la ineficiencia, el acuerdo es un saludable ejercicio de pragmatismo que puso fin demodo aceptable a más de 15 años de incertidumbre. Por el acuerdo, siete personas serán condenadaspor corrupción y el Estado recuperará casi 5 millones de dólares. Algo infrecuente en nuestro país.
Es cierto que un juicio público hubiera sido más democrático, que nadie irá a la cárcel y quehubiera sido mejor recuperar los más de 20 millones de dólares que, se sospecha, se pagaron ensobornos.
Pero también lo es que el hecho corría riesgos de prescribir, que las condenas podían quedaren suspenso aun con un juicio y que la investigación no localizó más dinero que el que algunosimputados confesaron, hace 15 años, haber recibido en cuentas suizas.
Pero hay una razón adicional para mirar este acuerdo con atención. Es la declaración de lafiscal sobre “la necesidad de un cambio de rumbo en la forma en que se persigue este tipo dedelitos... poniendo el recupero de activos en un pie de igualdad con la imposición de una pena comoforma de luchar contra la corrupción”.
Tal declaración, seriamente implementada, tiene el potencial de revertir los incentivos que,hasta hoy, conducen fatalmente a la impunidad. Los procesados que aceptaron el acuerdo lo hicieronreaccionando a una decisión de la fiscal de embargar bienes adquiridos recientemente. Revertir laimpunidad no sólo requiere voluntad política. También exige transformaciones culturales en el modoen que el aparato judicial investiga los hechos e interpreta los efectos simbólicos de susdecisiones. En el contexto descripto, el acuerdo en el caso IBM es auspicioso en ambossentidos.
*Experto en políticas de transparencia. Universidad de San Andrés.
