El artículo de Eduardo Valdés publicado por este diario en ediciones anteriores descubregráficamente las creencias del autor –que comparte con importantes sectores de la política yla opinión pública– sobre el papel de la ley y la justicia en la vida social.
Valdés hacía referencia a la denuncia realizada por el senador Gerardo Morales de unasupuesta omisión por parte de la dirigente social Milagro Sala, en la rendición de los dinerospúblicos que le fueran otorgados y le restaba legitimidad apelando, principalmente, a dosargumentos que me interesa analizar con cierto detalle.
El primero de ellos estaría relacionado con la calidad moral del denunciante.
Según el ex funcionario grossista y kirchnerista Valdés, el pasado delarruista deldenunciante Morales sería un impedimento a la hora de exigirles cuentas a terceros, aun cuandoestas exigencias fueran pertinentes.
Valdés, defensor de la familia de la médica cubana Hilda Molina, cree razonablemente que éstapuede exigir el respeto de sus derechos fundamentales al Estado cubano a pesar de haber sidodurante años, una importante pieza del sistema castrista. Sin embargo, al mismo tiempo, niega aMorales el derecho a apelar a la Justicia en función de una “portación de pasado” que,por supuesto, a él no lo alcanzaría a pesar de su ecléctico currículum político.
Su discurso se sostiene en la idea de que la justicia sólo sirve para ser aplicada a losdemás, a los otros.
Así, el autor se entusiasma con la posibilidad de aplicarle a Morales una ley que sirva parajuzgar su paso por la función pública olvidando que si esa misma ley le fuera aplicada por elconflicto con Botnia (Valdés era jefe de Gabinete del entonces canciller Rafael Bielsa), su destinopodría ser más complicado que el del senador radical.
El segundo argumento presentado es muy curioso, siendo que proviene de un abogado.
Valdés sostiene que las instituciones formales que regulan el uso de fondos públicos carecende importancia.
Los controles sólo deberían ser aplicados en función de la supuesta eficiencia con que fueronusados esos fondos.
En este caso, considerando la “altísima eficacia” que la denunciada (MilagroSala) habría logrado gastando los dineros que el Estado nacional le facilitó, no haría falta ningúntipo de rendición de cuentas ni inspección por parte del organismo que otorgó el dinero, muchomenos de la Justicia.
A favor de este último argumento, Valdés presenta una elocuente serie de cifras, pero sinmencionar la fuente de donde fueron obtenidas.
El artículo deja entrever uno de los dramas de la Argentina contemporánea: la creencia–muy extendida– de que las formas y el fondo de las políticas públicas son cosascontrapuestas.
Más que cuestionar la arbitrariedad en el ejercicio del poder o la ilegalidad de determinadosactos cometidos por el Estado, se critica que esa arbitrariedad no coincida con las creenciasideológicas o los intereses que cada grupo defiende coyunturalmente.
Que le pregunten al respecto a los bloques legislativos de la centroizquierda, felices cuandoel Estado nacionalizó el fútbol o Aerolíneas e indignados cuando se les aplicó a ellos laexcluyente Ley de Reforma Política. Cuando la arbitrariedad es la norma, más tarde o más temprano,la famosa sentencia de Bertolt Brecht (“Ahora me llevan a mí pero ya es tarde.”) secumple.
El jurista Carlos Nino afirmaba que Argentina era un país extraño porque, finalmente, obteníapeores resultados violando la ley de los que hubiera podido conseguir respetándola.
Luego de años de golpes militares, terrorismos de Estado, corrupción, privatizaciones yestatizaciones irregulares, parece increíble que algunos dirigentes políticos no hayan aprendidoque tan importante como el sentido de las acciones es la forma como éstas se implementan.
En la publicidad del Canal 7 aparece un spot donde la presidenta Fernández de Kirchner afirmaque pocas veces como hoy en América latina los presidentes fueron tan parecidos a sus sociedades.
En lo que a nosotros respecta, no deja de ser un diagnóstico que, de ser cierto, clausuraríacualquier optimismo por el futuro inmediato.
*Director del Programa de Doctorado en Sociología de la Universidad de Belgrano.
