La maquinaria electoral ha dejado de funcionar. La televisión no tiene anuncios políticos, lascalles lucen más limpias, sin tantos volantes ni pancartas, y las palabras dichas en la radio yahan desaparecido del aire. Quedan por saldar, como en cada uno de los comicios, las millonariascuentas de propaganda, muchas de ellas abonadas con recursos del Estado con objetivo de respaldar aun candidato, más que difundir información de verdadero interés público, como fija la ley.
Al menos en la Ciudad de Buenos Aires, el vacío legal y la falta de compromiso político parainterpretar el espíritu de las normas está dando “vía libre” al uso“discrecional” de fondos públicos con fines propagandísticos, hechos que podríanterminar en casos de “malversación” y “defraudación”, advirtió a PERFIL laAsociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que fue convocada por la Justicia pararealizar un informe sobre el tema.
“Bajo el paraguas de la ‘urgencia’, mediante normas de excepción, se hanutilizado fondos públicos para hacer publicidad oficial (con contenido electoral), utilizandomedios de publicidad no tradicional dentro de programas de radio y televisión”, advirtió LuisVillanueva, responsable desde ACIJ de una pericia forense requerida por la Justicia, en el marco deuna causa contra el ex jefe de Gobierno Jorge Telerman y ex funcionarios de su administración.
El documento judicial, al que tuvo acceso en exclusiva PERFIL, demuestra cómo el entoncesmandatario porteño pagó casi 160 mil pesos a la productora de Ideas del Sur, de Marcelo Tinelli, ya Radio Del Plata, sin realizar “una compulsa de precios”, aceptando que le cobren“lo máximo” y violentando “normas de excepción”, sin las cuales no habríapodido hacer la contratación (ver recuadro).
Al margen de la causa, la asociación advirtió la inexistencia de normas que regulen o impidan eluso de dinero público con fines electorales, leyes “que desde hace tiempo vienen reclamandolas organizaciones de la sociedad civil”, añadió Villanueva. Según ACIJ, al menos seisproyectos de ley en este sentido descansan a la espera de su tratamiento en la Legislatura porteña,pese a las promesas de mayor “transparencia” por parte de diputados del oficialismo yde la oposición.
La pericia a cargo del contador Alfredo Popritkin, sostiene que la contratación de publicidadestá regulada, además de por el régimen general de compras y contrataciones, por los decretos890/2001 y 1001/2001 y las resoluciones de la Secretaría de Prensa 652/2001 y la 1/2004, que obligaal Estado porteño a realizar compulsas de precios. Sin embargo, las normas de excepción y urgencia,entre ellas, los decretos 1370/2001 y 1386/2001, permiten realizar contrataciones directaseludiendo el régimen común.
Además de la irregularidad en la compra de publicidad, la falta de un marco normativo“tiene como consecuencia que la publicidad del sector público se utilice para promocionar laimagen de funcionarios o candidatos oficiales”, lo que constituye “una malversación derecursos públicos” y limita “la libertad de expresión”, expresó Popritkin, unexperto en fraudes corporativos quien actuó como perito forense durante 14 años en la Corte Supremade Justicia.
Para ACIJ, la publicidad no tradicional (PNT), como comentarios de conductores de radio o TV,podría vulnerar la libertad de información de la audiencia, ya que es difícil diferenciar lainformación de la propaganda. La PNT además no está tarifada, por lo que su precio suele ser“a ojo”: “Una ley podría incluso prohibirla para uso del Estado”, dice.
El mal uso de los criterios de “urgencia” fue alertado además por la Auditoria de laCiudad, que en 2003 limitó el monto máximo para las contrataciones directas a 20 mil pesos. Lo hizoal advertir irregularidades en esa forma de contratos.
“Se han evadido las limitaciones que tiene la contratación directa. Para ello se divide elpago para que ingrese en el monto que la ley permite”, finalizó Villanueva en referencia a lacausa que afronta Telerman.
Mientras los proyectos de ley están anclados en la Legislatura, ACIJ, al igual que PoderCiudadano, recomiendan a diputados que aprueben normas claras respecto a “qué es urgente yqué no”, “qué es publicidad oficial y qué propaganda partidaria” y “quémétodos se utilizarán para comprar PNT”.
