A riesgo de ser redundante, recordaré que, más allá del núcleo duro de los sectores que apoyanal Gobierno, la ciudadanía no parece tener dudas acerca de la razón por la que se adelantaron laselecciones legislativas: minimizar todo lo que sea posible el derrumbe estrepitoso, tanto en elámbito político como en la opinión pública en general, de la imagen de la gestión kirchnerista (esedeterioro de la imagen la construyen los medios, claro, no tiene nada que ver con la realidad).
Al mismo tiempo, la Presidenta presenta un proyecto de ley de servicios de comunicaciónaudiovisual que reemplazaría a la vieja Ley de Radiodifusión, y convoca a 60 días de “debatepúblico”. La ley será votada tras ese “debate público” y por lo tanto después delas elecciones legislativas, pero antes que asuman los legisladores elegidos el 28 de junio, esdecir que será votada por la mayoría actual. La maniobra es en sí misma tan explícita y grosera queno merece mayores comentarios. Pero sí merecen comentarios sus consecuencias.
He aquí un problema importante, discutido desde hace años por todos aquellos que nos interesamosen los medios, que exigiría, por fin, un debate público sereno y en profundidad –yo diría porsimple respeto intelectual a la complejidad de la cuestión–, debate que ningún gobiernopropuso desde que volvimos a la democracia, en 1983.
Ese problema activa la cuestión, central hoy en el mundo, de la relación entre el Estado y losmedios de comunicación, viejos y nuevos. Súbitamente, esa cuestión queda reducida, en manos delGobierno, a una simple movida táctica de urgencia, una vez más bajo el disfraz de una decisiónpolítica “de fondo”. Durante la primera discusión sobre el proyecto, organizada en laUBA, un funcionario insistió enfáticamente en que no es posible seguir con una Ley de Radiodifusiónpromulgada por la dictadura: el gobierno kirchnerista necesitó al parecer unos seis años para darsecuenta de esa insoportable situación, pero ahora hay urgencia.
Debo decir que, en el contexto de la presente nota, no es el contenido de la Ley deRadiodifusión lo que me interesa, sino lo que el procedimiento que acabo de recordar implicarespecto de la relación entre la acción política y el trabajo intelectual o, si se prefiere, entreel campo político y el campo académico, tal como el kirchnerismo la practica.
En el mes de marzo, anticipando la presentación del proyecto de ley sobre la comunicaciónaudiovisual, la Presidenta había aludido a lo que llamó el “salto tecnológico” de lascomunicaciones, subrayando que “si no lo dotamos de un marco jurídico puede resultarcontradictorio y no permitir el acceso a todos los ciudadanos, a todas las voces y a todos lospensamientos”. ¿El objetivo será entonces mayor pluralismo, mayor democracia?
Me limitaré a un episodio que me concierne directamente. Resulta que en mi columna de hace 15días, bajo el título “Hagamos política”, evoqué el problema de lacompetencia/incompetencia de los que ejercen el poder político; a propósito de algunos conceptosdel filósofo francés Jacques Rancière, recordé la figura del azar en la que él insiste (¿por qué notirar a los dados quién nos va a gobernar?) e invité a mis lectores, ante “la incompetenciade los supuestamente competentes”, a un acto propiamente político, transformando el voto“en una afirmación de libertad, en una experimentación, en una discontinuidad” (enestas últimas comillas, palabras textuales tomadas de Rancière). Invitación precedida de lasiguiente aclaración: “La cuestión no pasa por la legitimidad (…) porque sobre esepunto la respuesta es clara y no admite discusión: en la situación en que nos encontramos, los queejercen el poder lo hacen porque fueron votados para ejercerlo”.
Resulta que mi columna fue discutida en un largo texto escrito por uno de los más conspicuosrepresentantes del intelectualismo oficialista (texto que este diario reprodujo oportunamente eldomingo pasado), y que llevaba el título: “ Fontevecchia y Verón: fundamentos discursivosdel fenómeno antikirchnerista”, en alusión directa al subtítulo del libro que hace unosveinte años escribí con Silvia Sigal sobre el peronismo. El autor interpreta correctamente micolumna como un llamado a “votar contra el Gobierno”, pero ese llamado (que yocalificaría de banal desde el punto de vista de la polémica propiamente política) le resultaescandaloso: lo califica de llamado a un voto “destituyente” (término que el Gobiernoha puesto de moda).
La Presidenta nos explica que el proyecto de ley sobre la comunicación audiovisual tiene porobjetivo permitir la expresión de “todos los ciudadanos, todas las voces, todos lospensamientos”. Salvo, claro, aquellas voces o pensamientos que se oponen al Gobierno (léase:que atentan contra las instituciones), como en mi caso.
Bueno, lo confieso: invité a mis conciudadanos a derribar a la actual mayoría parlamentariaoficialista… a través del voto. Qué quiere que le diga, es de terror, es claramentesubversivo. No puede ser, necesitamos una ley para evitar este tipo de cosas.
*Profesor plenario. Universidad de San Andrés.
