Entre Cristina y Cobos hay un desierto. La metáfora pinta a la perfección el vínculo políticoentre la Presidenta y el vice, pero es a su vez el enunciado literal que intitula el últimocapítulo de un pleito histórico entre La Pampa y Mendoza por un curso de agua vital para dosprovincias de tierras secas. Desde hace 50 años ambas se disputan el río Atuel, aprovechado porMendoza como recurso clave para sus pujantes centros productivos, coronados por los polosvitivinícolas internacionales. La Pampa, por el contrario, es la contracara. El represamiento delas aguas río arriba secó el cause hacia el sur y convirtió al noroeste de la provincia en unaplanicie marchita y desolada.
El 7 de agosto de 2008 el Gobierno nacional de Cristina Kirchner firmó un convenio con losgobernadores justicialistas Celso Jaque (Mendoza) y Oscar Mario Jorge (La Pampa) para la concreciónde obras hidráulicas por 600 millones de pesos tendientes a mejorar el aprovechamiento yreestablecer la llegada de un mínimo de agua a tierras pampeanas en pos de devolverles vidaproductiva a los pueblos de la zona. El acuerdo debía ser normado por los parlamentos provincialesy mientras que para la Legislatura de La Pampa fue un veloz trámite, aún se espera la aprobación delos legisladores mendocinos que posiblemente nunca llegue. El choque interprovincial es otra de lastantas diferencias que alejan a la jefa de Estado de su vice y principal opositor, Julio CésarCleto Cobos.
“Tenemos constancia de que durante la campaña electoral en las ciudades de San Rafael yGeneral Alvear el vicepresidente arengó remarcando que el convenio firmado por la Presidenta no eraconveniente para el pueblo de Mendoza. Este tema es una razón de Estado y las mezquindadespolíticas circunstanciales del vicepresidente tienen que quedar de lado”, dijo a PERFIL eltitular de la Subsecretaría de Provincias del Ministerio del Interior, José Luis Barbier. Elfuncionario, que hace el seguimiento del caso tras la firma del convenio, declaró en una de susvisitas a La Pampa que “Cobos es quien manda a los legisladores a impedir el desarrollo deesta obra”.
El proyecto. Mendoza considera la utilización de los recursos como una cuestión deEstado. Los diferentes gobiernos, sin importar banderías políticas, coinciden en este terreno. Sibien la acción de Jaque al firmar el convenio fue positiva para las pretensiones pampeanas, hoy esla nada misma frente a la rigidez de los poderes mendocinos. Tras sortear una audiencia en laLegislatura, el expediente está siendo “minuciosamente” estudiado por el DepartamentoGeneral de Irrigación (DGI), el ente autárquico que interviene en todas las políticas sobre el usodel agua en Mendoza. El trámite promete ser largo y todo parece indicar que el convenio, tal comoestá, será rechazado en las Cámaras.
Las obras estipuladas consisten en la impermeabilización de los canales del río Atuel con elobjetivo de generar excedentes que se repartirían entre las provincias. Las aguas llegarían a LaPampa mediante la construcción de un canal de 125 kilómetros entre las ciudades de Carmenza y LaPuntilla para irrigar unas 6 mil hectáreas.
Los caprichos del destino hicieron que precisamente sea el inciso K del convenio el queprendiera la mecha de la principal polémica. El punto establece que Mendoza debe garantizar una“correntía de agua” (de 5 metros cúbicos por segundo) hacia La Pampa a partir del mismodía de la firma del convenio; algo que desde el 7 de agosto de 2008 nunca ocurrió.
Los legisladores mendocinos que se oponen firmemente –la mayoría alineados a JulioCobos– se aferran a un fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió en1987 y repiten hasta el cansancio que el convenio no se ajusta al dictamen que en su momento dio elAlto Tribunal.
Una larga historia. Mendoza hace uso del Atuel para acequias y riego desde tiemposprehispánicos. Pero la balanza ambiental se desvirtuó y afectó a La Pampa recién en 1948, cuando elEstado federal financió a Mendoza –que siempre reivindicó el río como propio yexclusivo– la construcción del embalse El Nihuil. La obra, para racionalizar los usos ygenerar energía, terminó por extinguir la llegada del Atuel que al ingresar en La Pampa se divideen un delta.
En ese entonces, La Pampa era territorio nacional –se provincializó en 1952– y comoúnica autoridad en la zona estaba un policía telegrafista que envió una carta al presidente JuanDomingo Perón para anunciar el desastre. La falta de agua empezaba a arruinar a los productores delos pueblos y el mensaje logró sensibilizar al mandatario que hacia 1949 dispuso a los mendocinosdos sueltas de agua anuales. Pero la medida impartida desde Buenos Aires nunca se cumplió.
A partir de 1973 y hasta fines de la década de los 90, el paso del agua a suelo pampeano fueintermitente. Sólo en épocas de excepcionales lluvias y nevadas, los mendocinos abrían la compuertay dejaban correr las aguas excedentes, muchas veces provocando inundaciones sorpresivas al noroestepampeano. O secos o inundados.
El conflicto llegó a la CSJN que dictaminó, en contra de la posición mendocina, que el río esinterprovincial (perteneciente a las dos provincias), aunque dispuso que antes de compartir elagua, Mendoza debía garantizarse el riego de poco más de 70 mil hectáreas. Además, exhortó a laspartes a que se pongan de acuerdo para un uso equitativo. El dictamen no terminó con el conflictoni mucho menos, y ahora el reciente convenio abre una nueva etapa de pujas y desencuentros.
“Al momento de firmar este convenio en 2008, se lo empezó a incumplir porque el puntoclave es que no se iba a interrumpir más el escurrimiento del río en el ingreso a la provincia deLa Pampa. Hoy no se está cumpliendo con el mínimo fluvioecológico necesario para sostener elfuncionamiento del ecosistema y de la cuenca”, señaló Leandro Altolaguirre, titular de laasociación ambientalista Alihuen que junto a la histórica Funchad son las organizaciones quemotorizan los reclamos y acciones judiciales por el oeste pampeano, donde se ubican las ciudades deSanta Isabel y Algarrobo del Aguila.
“En los humedales pampeanos de la cuenca del Atuel llegó a haber cerca de 700 mil ovejas–explica Altolaguirre–. En épocas de crecidas con el deshielo de primavera y verano, elhumedal se inundaba y se formaba un gran espejo de agua generando en las zonas periféricas unaproducción de pasto que sostenía al ganado. En otoño e invierno cuando empezaba a reducirse, laspraderas reservaban la humedad. Pero cuando se cortó el río, avanzó sobre esta gran pradera elmonte y la salinización, y se perdió casi todo”.
Pese a los visibles daños, la posición mendocina es no ceder ni un centímetro. “El acuerdono tiene una vinculación jurídica con la sentencia del 1987 y en el punto K evidentemente se hanaprovechado de la debilidad de nuestro gobernador. Con La Pampa no se soluciona nada que no estéresuelto ya que no hay agua para repartir, porque hoy se riegan 55 mil hectáreas y falta agua, nisiquiera llegamos a estos 75 mil que nos habilita el fallo”, enfatizó el diputado provincialJorge Serrano, vicepresidente de la bancada radical.
El jurista y miembro de la Academia de Ciencias de la provincia de Mendoza Aldo Guarino Ariastambién salió al cruce del punto K. El especialista en legislación del agua plantea que es“irracional” ya que “implicaría liberar en San Pedro del Atuel más de 10 metroscúbicos por segundo para que pueda llegar al menos uno a La Pampa”, y argumenta además queesto causaría “un grave perjuicio a la comunidad de regantes del río” ya que deberárecorrer “un tramo de 110 kilómetros de cauce arenoso” y se perdería gran parte delrecurso.
Desde el Ministerio del Interior, criticaron la inflexibilidad de Mendoza respecto a laspolíticas de agua y plantearon cuestionamientos a los métodos de riego en el sur de esa provincia:“Además de las obras que quiere hacer la Nación, los mendocinos deben racionalizar el uso delagua porque es un recurso no renovable. Si en el mundo ya existe el riego por goteo (ver recuadro),los agricultores podrían empezar a hacer inversiones para tener un sistema más apto en base a lasnuevas circunstancias”, esgrimió Barbier.
Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la solución es inmediata. “Acáhay que largar agua nada más, abrir las compuertas y que pase”, insistió el jurista quepatrocina legalmente a la multisectorial de entidades pampeanas. “No hace falta tantaparafernalia para llegar a una solución consensuada y razonada. Por qué no interviene la Secretaríade Medio Ambiente nacional si tiene competencia constitucional para hacerlo. La solución–detalló Gil Domínguez– es llegar hoy a un acuerdo donde el caudal fluvioecológico estégarantizado, después se puede discutir si se manda más o cómo se manda para planificar un proyectoproductivo y comunitario acorde, pero por lo menos hoy, como mínimo, se necesita eso”.
Alguien tiene que ceder. La construcción de otra obra hidroeléctrica estratégicapara Mendoza aparece como una carta de negociación para las dos provincias y al mismo tiempocontribuye a paralizar un eventual avance. Se trata de la represa Portezuelo del Viento sobre elRío Grande, el cauce más caudaloso y menos aprovechado de la provincia.
La idea es crear un nuevo oasis en la localidad de Malargüe y ampliar los existentes en GeneralAlvear y San Rafael. Además, servirá como base para el trasbasamiento del río Grande queincrementará el caudal del Atuel. Estos trabajos dependen de la aprobación del ComitéInterjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
En Mendoza aseguran que con el incremento de agua en el Atuel podrán negociar el uso de losexcedentes con su vecino del sur. Pero La Pampa prefiere el camino inverso y pretende que se libereel paso de agua a su territorio antes de autorizar esa obra como miembro del Coirco.
De hecho, en el convenio que la Presidenta, Jaque y Jorge firmaron en 2008 establece quePortezuelo del Viento: “Será factible siempre y cuando se ratifique el convenio de obras parael Atuel”.
“El convenio mezcla las obras del Atuel con la obra Portezuelo del Viento, cuando enrealidad (Néstor) Kirchner le prometió al ex gobernador Cobos la inversión para ese proyecto en susegundo año de mandato. No podemos aceptar que ahora se condicione, parece una especie de extorsiónal mejor estilo K”, enfatizó el diputado Serrano.
“El gobernador Jaque –explicó el legislador– nos planteó que con este conveniosolucionamos los problemas con La Pampa y destrabamos la concreción de Portezuelo del Viento, peronosotros no lo vemos así”. La postura que Serrano plantea es la que reivindica la oposiciónmendocina: “Con la aprobación del Coirco vamos a aumentar en un 50% el caudal del Atuel ymejorar el regadío. El reparto del sobrante se acordará con La Pampa en base a los proyectosproductivos de cada provincia”.
Dos estrategias. El gobierno de La Pampa apuesta a la resolución del conflicto porla vía política mediante las vías de persuasión y presión a los mendocinos para que aprueben elconvenio trabado en la Legislatura. No obstante, hay sectores compuestos por organizacionessociales que en base a su experiencia histórica exigen ponerse más rudos. Piden que se le impongaun plazo perentorio a Mendoza para que apruebe el acuerdo y en caso negativo, denunciar elincumplimiento. Reclaman también que el Gobierno debería iniciar posteriormente una acción ante laCSJN “por la rebeldía de Mendoza a llegar a una solución e incumplir el fallo de 1987 queexpresa que las dos provincias deben llegar a un acuerdo”.
Ya en 2007, la multisectorial pampeana había puesto en marcha una acción judicial. “Seresolvió presentarse ante la Corte como terceros interesados en el expediente del 87, para plantearque con la reforma de 1994 y con la Ley General de Ambiente ha cambiado el paradigma constitucionaly legal”, explicó el abogado Gil Domínguez. Como el pedido fue rechazado, señaló que sóloqueda interponer “un amparo ambiental con competencia originaria”; una alternativa queaún se discute en el seno de la multisectorial porque significaría el distanciamiento definitivo–y hasta un enfrentamiento– con el gobierno provincial que busca la solución por la víapolítica exclusivamente.
