Una de las críticas más fuertes que, en materia económica, se le hace al período kirchnerista esla de no haber aprovechado la época de las sojas gordas para ahorrar una parte de la bonanza, enprevisión a la llegada de un ciclo menos favorable.
Como si la fiesta de la innovación financiera y las burbujas de todo tipo en la economía globalque hoy se critican y que hoy todos saben “que no podían durar” pudieran haber duradopara siempre.
Lo curioso de esta crítica es que este “defecto” K lo ha compartido una parteimportante de la sociedad argentina, no sólo en este ciclo, sino también en otros contextosfavorables similares y se ha extendido.
Permítanme ejemplificar con lo que está pasando con los precios de los servicios de distribuciónde gas y electricidad en varias regiones del país.
Con el estallido de la convertibilidad y la ruptura de todos los contratos de privatizaciones,la fijación de dichos precios quedó sujeta, principalmente, a las decisiones discrecionales delgobierno del presidente Kirchner, primero, y de Cristina, después. Esa decisión consistió encongelar los precios de los servicios públicos para las familias, particularmente de Capital y GranBuenos Aires, pese al entorno creciente de aumento de costos, por la devaluación, las subassalariales y los fuertes incrementos de los insumos básicos de producción de estos servicios en elmercado internacional.
Se podría argumentar que dichos servicios eran “caros” antes, y que el congelamientono hizo más que “volver al equilibrio” a estos precios. La comparación regional einternacional, bien medida, no avala esta hipótesis.
Al contrario, los precios regionales siempre se mostraron, en especial a partir de 2001, muy porencima de los locales.
Asimismo, el monto creciente de los fondos transferidos a las empresas prestatarias para sufuncionamiento operativo, o para la importación de combustibles, con el objeto de que se siguieraproveyendo el servicio a los mismos precios también constituye una prueba indirecta de tarifasdesfasadas.
Además, cualquier comparación de precios relativos, entre los costos de la electricidad o elgas, o los peajes, o el transporte de pasajeros, y el costo, por ejemplo, del servicio detelevisión por cable marcaba que los precios en cuestión estaban ciertamente muy baratos.
Resultaba un comentario común en las reuniones sociales la percepción de que la facturadomiciliaria del gas o de la electricidad era, ciertamente, muy baja.
Con todos estos elementos no hacía falta ser un experto para reconocer que los precios de losservicios públicos eran bajos y que, en algún momento, deberían ser corregidos.
Tampoco nosotros ahorramos en época de facturas flacas, previendo el momento de la llegada defacturas gordas. Y ahora, pese a todo lo dicho, después de congelamientos, en algunos casos de casisiete años, los aumentos anunciados e instrumentados nos parecen una barbaridad.
Cabe una discusión más profunda en torno a los precios de los servicios públicos, los subsidios,la calidad y el uso de dichos precios como mecanismo de recaudación y no como reflejo de los costosy la necesidad de una rentabilidad razonable del sector.
Se destruyó del modelo de provisión de servicios públicos de los 90, en donde había un contratode concesión, que obligaba al sector privado y al Estado. Un ente regulador profesional quecontrolaba y velaba, junto a las asociaciones de consumidores y, eventualmente, la Justicia, por elcumplimiento de dicho contrato y por corregir los problemas que pudieran presentarse obligaba aponer algo a cambio, de similares características.
No estoy idealizando el modelo de las privatizaciones, había mucho por corregir. Pero lo ciertoes que ese modelo fue reemplazado por la discrecionalidad. Por negociaciones poco transparentes.Por transferencias enormes de fondos sin control. Por obras públicas sospechadas de sobreprecios ycorrupción, y realizadas pensando más en el rédito político que en la eficiencia económica. Poraumentos retroactivos e inexplicados. Por subsidios cruzados a favor de sectores pudientes,financiados por los sectores de menores recursos.
Un esquema que no permite evaluar ni saber con justeza cuánto es un aumento adecuado, cuánto esremuneración a las empresas, qué grado de eficiencia tiene el operador, etc. Como siempre, lasociedad argentina acepta las fiestas con alegría y despreocupación, pero cuando llega el momentode pagar la cuenta, pone el grito en el cielo. Como siempre, los gobiernos en la Argentinaprefieren la discrecionalidad al diseño de marcos institucionales eficientes y democráticos.
