En marzo, España aprobó una Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria delEmbarazo. A diferencia de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, sancionada en el año2002 en Argentina, la de España incluye la interrupción voluntaria del embarazo. Hace más de 20años, España despenalizó el aborto en algunos casos, pero no había legislado sobre salud sexual yreproductiva.
La nueva ley española incorpora tres componentes básicos para asegurar los derechos sexualesy reproductivos y lograr “una maternidad libremente decidida”: la educación de lasexualidad, los servicios de salud para garantizar la atención de la salud sexual y lareproducción, así como la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, trípode quegarantiza plenamente los objetivos de la ley. En su articulado, la ley española especifica en formaclara y concisa las actividades y responsabilidades que esto abarca e incluye la capacitación delpersonal de salud desde la formación universitaria.
En Argentina, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable fue un importante avanceporque reconoció estos derechos y eliminó la prohibición del funcionamiento de los servicios deplanificación familiar en hospitales y obras sociales, vigente desde 1974. Si bien en 1986 sederogó el decreto 659/74 que prohibía estos servicios, el Ministerio de Salud carecía depresupuesto específico para comprar los insumos y otros recursos básicos para estas prestaciones.La ley se complementó en 2006 con las leyes de Educación Sexual Integral y de AnticoncepciónQuirúrgica: ligadura de trompas y vasectomía, además de la de parto humanizado en 2004. Sinembargo, el aborto, primera causa de muertes maternas en Argentina, desde hace décadas ni siquierase atiende en los casos permitidos por el Código Penal: riesgo para la vida o la salud de la madre,violación y atentado al pudor; este último en “mujeres idiotas o dementes”.
Las persistentes restricciones a los abortos permitidos ubican hoy a Argentina en la mismasituación en que estaba España hace 20 o más años atrás, cuando los legisladores españolesampliaron la despenalización del aborto para disminuir las altas tasas de muertes maternas.
Si comparamos ahora ambos países, debemos decir que España, que tiene una mortalidad maternamucho más baja, podrá con esta nueva ley mejorar la calidad de las decisiones reproductivas,disminuyendo las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no planeados y el aborto.Argentina, en cambio, continuará teniendo muchas muertes maternas y una deuda socialinvisibilizada, porque estas muertes son aceptadas, a pesar de que afectan a muchas familias en elpaís, sobre todo a las más pobres. Irónicamente, Argentina tiene muy buenas leyes como lasmencionadas, pero con escasa y muy heterogénea implementación.
Las muertes maternas en un 70% de los casos pueden evitarse, esto es lo que las hace másinaceptables. Para disminuirlas se necesita voluntad política del Gobierno nacional –hoyinexistente– para impulsar el tratamiento de leyes presentadas en el Congreso, y aprobar elprotocolo de atención del aborto no punible, preparado por técnicos del Ministerio de Salud.
También se necesita parlamentarios comprometidos y una importante conciencia de toda lasociedad sobre este grave problema de salud pública y de derechos humanos. Por eso reclamamos unacuerdo de los partidos políticos y la sociedad para lograr “tolerancia cero” frente alas muertes maternas.
*Médica. Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM.
