Es necesario que el poder detenga al poder decía Montesquieu en El espíritu de las leyes. Esafrase sienta las bases del derecho constitucional moderno que encuentra en la democracia y lasinstituciones de la República la forma más eficaz para que, mediante la división de poderes y elcontrol entre ellos, se eviten abusos que afecten el bien público. Así, los diferentes poderesdividen funciones y se controlan mutuamente, constituyendo un verdadero sistema de frenos ycontrapesos para evitar la acumulación de poder y la consecuente violación de derechos. Uno de losobjetivos rectores de este sistema, es dotar a las instituciones de “anticuerpos”contra la excesiva concentración.
En ese contexto se inscribe el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN) que, comoorganismo externo, se constituye en la única herramienta de control de gestión para el sectorpúblico nacional, que depende de los representantes del pueblo, el Congreso de la Nación. Tal esasí, que son los principales partidos políticos, con representación en ambas Cámaras, quienesdesignan los siete miembros del denominado Colegio de Auditores. Heredera del Tribunal de Cuentas,nace a partir de la reforma constitucional de 1994, como un organismo moderno con autonomíafuncional y financiera, que tiene dentro de sus características principales el control integral dela gestión, la publicidad de sus informes y la renovación cada 8 años de sus autoridades políticas,eliminándose los cargos vitalicios. Tanto recelo puso el legislador para garantizar la debidadistancia entre quien controla y quien es controlado que ubicó, en la presidencia del cuerpo, alprincipal partido de la oposición, siendo éste quien representa y ejecuta las decisiones delColegio de Auditores. De esta manera, diferencia el rol de oficialistas y opositores.
Precisamente por esto, resultó inquietante cuando desde el kirchnerismo se pretendió limitar lasatribuciones del presidente de la AGN tras la difusión de un informe que revela irregularidades enla ejecución del tendido de alta tensión en Santa Cruz y Chubut, adjudicada a una de las empresasque más obras públicas realizó desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Esta alerta, quequedó encendida pese al retiro de la iniciativa, movilizó a la sociedad, los medios, las ONG, lacomunidad académica y los partidos de la oposición, que con una importante participación lograrontorcer el curso de los acontecimientos. Este hecho no es aislado, sino que responde a un accionarsistemático que caracteriza el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. A pesar de las declamacionesde la Presidenta sobre calidad institucional, el sistema constitucional es permanentementevulnerado, manipulado y direccionado. Su gobierno, abusando del voto popular y las mayoríasparlamentarias pretende disponer de los recursos del Estado, como si fueran propios, sin rendiciónde cuentas. Esto genera una especie “escuela de despotismo” donde asisten regularmentelegisladores y funcionarios que subordinan su accionar al mandato del “gobernante”Néstor Kirchner, quien decide, conforme sus necesidades electorales, humores, odios ointereses.
Esta forma tan particular legitima una utilización del Estado con un poder arbitrariocaracterizado por la exaltación de la lealtad de quienes se constituyen en “sus”seguidores gracias al reparto de “beneficios”, siempre y cuando formen parte de“su” círculo. Es por esto que vemos la existencia de una forma de ejercer el poder conel que tiene un pensamiento afín, mientras que limita y/o excluye al que piensa distinto. Limitarel poder del Congreso, cercenar las facultades de la AGN en cabeza de su presidente, callar aldefensor del pueblo, recortar las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas,poner un amigo en la Oficina Anticorrupción, designar a la esposa de un ministro en la SindicaturaGeneral no sólo lesionan las instituciones de la República sino que nos acercan peligrosamente a unpoder hegemónico similar al de la tiranía.
*Auditora general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Coalición Cívica.
